BUENOS AIRES (Reuters/EP) - El Gobierno argentino repuso los subsidios a las tarifas de gas y electricidad que había eliminado, anunció el miércoles el ministro de Planificación, ante las masivas quejas de usuarios por un brutal aumento de los servicios.
La medida tendrá un costo fiscal de 493 millones de pesos (unos 128 millones de dólares), dijo Julio De Vido, funcionario a cargo del área, que inicialmente había informado un valor inferior.
El auxilio estatal también será repuesto durante agosto y septiembre, pero solo hasta el 70 por ciento de su costo, un nivel suficiente para evitar alzas de precios, según De Vido.
El Gobierno venía enfrentando una creciente presión de opositores en el Congreso para atenuar los efectos de la eliminación de los subsidios sobre las facturas que recibieron miles de usuarios, que en algunos casos multiplicó por 1.000 el valor pagado el mismo mes del año pasado.
"Había un fenómeno generalizado que nos indicaba que había que tomar medidas de fondo y la presidenta (...) ha tomado la decisión de instruirme (para que) mantengamos durante los meses de junio y julio el 100 por ciento de los subsidios oportunamente quitados", dijo De Vido en el Congreso.
El ministro argentino explicó la marcha atrás en la anulación de los subsidios ante la mirada de legisladores del arco opositor, que ganó mucho terreno tras derrotar en junio al oficialismo en las elecciones de mitad de período.
La desarticulación de la asistencia estatal disparó fuertes incrementos en el gas natural y la electricidad en pleno invierno austral y abrió una polémica entre el Gobierno y algunas distribuidoras, a las que acusó de cometer errores en la confección de las facturas.
MAYOR AUDITORIA A FIRMAS
Ahora las firmas serán auditadas "a fondo", dijo De Vido.
Inicialmente el Gobierno había defendido la tesitura de "el que tiene que pagar, que pague", según citó el diario Clarín al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
"Revela que hay improvisación total en el sector. No se puede pasar de seis años de tarifas congeladas a un aumento brutal. Están pagando el precio de la imprevisión", dijo el ex secretario de Energía Alieto Guadagni.
"El país tiene pendiente una reestructuración de los precios de la energía que se acerquen a los costos, porque los precios actuales no cubren los costos. Pero ese reconocimiento tiene que ser gradual y progresivo y respetando el concepto de tarifa social para los más pobres", añadió.
Las tarifas de la mayoría de los servicios públicos de Argentina fueron severamente reguladas luego de que estallara una feroz crisis económica en el 2001-2002, y muchas quedaron prácticamente congeladas desde entonces como parte de una política de emergencia.
Con el estrechamiento del resultado fiscal del país, las autoridades comenzaron paulatinamente a desarticular ese sistema para achicar el gasto público.
Durante el último lustro, el sistema de generación y provisión de energía de Argentina estuvo bajo fuerte presión y el Gobierno debió suplir la falta de oferta con importaciones de diésel venezolano, electricidad brasileña y gas boliviano, además de restringir el consumo al sector industrial.