BUENOS AIRES (Reuters/EP) - El Gobierno de Argentina dijo el lunes que vetará una ley recientemente aprobada que da fuertes beneficios impositivos a la exportación de granos, carnes y lácteos en varias regiones de la provincia de Buenos Aires, zona gravemente afectada por una prolongada sequía.
La semana pasada, el Senado sancionó una ley presentada por la oposición que declaraba el estado de emergencia en Buenos Aires, una de las principales zonas agropecuarias del país, y que beneficiaba impositivamente a 37 de los 134 distritos que conforman la provincia.
La aprobación de la ley fue inmediatamente considerada como un "error" por el Gobierno que además de poseer mayoría de bancas en el Congreso, se encuentra en abierto conflicto con el sector agropecuario por los resistidos impuestos a la exportación de granos.
"No quiero hacer calificaciones de lo sucedido en el Congreso. Sabrán cuáles son las razones y por qué se llegó al punto en que se llegó, pero tengo muy en claro que la norma es de muy mala factura y nos obliga a nosotros a tener que vetarla", dijo el jefe de Gabinete Aníbal Fernández.
"Lo producido ya fue comercializado, lo que convierte al proyecto de cumplimiento imposible (...) Hace agua por los cuatro lados", agregó el ministro antes de viajar a Paraguay y Bolivia en un viaje oficial.
Una feroz sequía afecta desde el año pasado a las principales zonas agropecuarias de Argentina, uno de los mayores productores mundiales de alimentos.
De acuerdo a la ley sancionada, 22 distritos de Buenos Aires están exonerados de pagar impuestos a la exportación de granos durante 180 días, y en 15 distritos las tasas para las ventas fueron reducidas a la mitad.
"No hay respeto por el Parlamento (...) no hay calidad institucional en Argentina", dijo el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, quien agregó que darle marcha atrás a le ley "es una provocación a los productores".
Las principales entidades agropecuarias se encuentran gravemente enfrentadas con la presidenta argentina, Cristina Fernández, tras un intento del Gobierno de subir las tasas a la exportación de productos agrícolas a principios del 2008.
La semana pasada el Parlamento extendió los poderes de Fernández para fijar impuestos a las exportaciones de granos, lo que provocó un nuevo rechazo entre las entidades rurales, cuyas alas más duras amenazan con huelgas comerciales similares a las que reiteradamente paralizaron la actividad del sector en 2008.
Al nivel actual las tasas a las ventas al exterior de granos le reportarían un ingreso superior a los 7.000 millones de dólares en el 2009 al Estado argentino, según estimaciones privadas.
"Esto lo negociaron (con la oposición) para obtener los votos necesarios para prorrogar las facultades extraordinarias (...) y ahora están tratando de borrar con el codo lo que escribieron con la mano", dijo el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, que en varios medios reiteró que no cree en la teoría de la "equivocación".
En las últimas elecciones legislativas celebradas a finales de junio, varios dirigentes rurales accedieron a escaños en el Congreso, pero recién en diciembre se sentarían en sus bancas para intentar cambiar la política oficial para el sector.
La campaña agrícola 2008/09 sufrió severas pérdidas por la sequía y en los últimos meses un amplio número de ganado tuvo que ser rematado tempranamente por la falta de pasturas. A su vez, la recientemente comenzada temporada ya sufre los embates del clima adverso.