MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno reconoce que las expropiaciones de empresas españolas decretadas por el Gobierno de Evo Morales a principios de año han sido actuaciones "inamistosas y hostiles" hacia España, y que "obligarán a revisar y repensar en su conjunto" las relaciones bilaterales con Bolivia.
Así figura en una respuesta parlamentaria a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quien a principios de febrero preguntó al Gobierno si tenía intención de hacer una "condena más enérgica" por la nacionalización de varias filiales de Iberdrola, apenas siete meses después de que el país andino hiciera lo propio con la empresa Transportadora de Electricidad, propiedad de Red Eléctrica Española (REE). La líder de la formación magenta se interesaba además por saber si el Ejecutivo tenía "información previa" sobre las intenciones de Bolivia y si había realizado "tareas de análisis de la situación de las inversiones españolas" en dicho país.
Ahora, pasados dos meses desde esos hechos, el Gobierno de Mariano Rajoy responde que "no contaba con ninguna información previa" sobre las intenciones nacionalizadoras de Morales, ni por parte de las empresas ni de las autoridades bolivianas, a pesar de los "múltiples contactos" que diferentes cargos españoles habían mantenido para "recabar información previa y unas formas más discretas de llevarlas a cabo, sin escenificaciones de toma militar o policial de las instalaciones".
Además, asegura haber trasladado al Gobierno andino su "malestar por las formas" en que se han llevado a cabo estos procesos, particularmente en el caso de Iberdrola, cuya situación ha sido "enérgicamente tratada". Y se ha "condenado tajantemente la falta de información previa" a los sucesos, apostilla.
"Se ha comunicado a las autoridades bolivianas que esta nacionalización (de las filiales Iberdrola) ha sido, por tercera vez en un año, un gesto inamistoso y hostil hacia España que obligará a revisar y repensar nuestras relaciones con Bolivia en su conjunto", continúa la respuesta, añadiendo que "todavía se está considerando qué modificaciones se introducirán" en dichas relaciones.
ESTÁN EN SU DERECHO PERO COMPENSANDO
Por otra parte, el Gobierno asegura esta realizando un "seguimiento continuo" de los procesos de indemnización a las que ya han sido nacionalizadas, que deben tener una "solución negociada" ya que, aunque el equipo de Morales tiene "derecho soberano" a nacionalizar inversiones extranjeras, la legislación internacional prevé también el "deber de indemnizar con prontitud el justiprecio".
Asimismo, España también sigue de cerca la evolución de la situación de las empresas españolas en Bolivia, con las que está estudiando su realidad actual para "tratar de prever" qué inversiones y proyectos podrían "derivar en decisiones nacionalizadoras o expropiadoras por parte del Gobierno boliviano".
En este sentido, asegura que seguirá "impulsando en todos los foros internacionales y en todos los contactos bilaterales la necesidad de asegurar la vigencia de un marco previsible de seguridad jurídica y protección legal para las inversiones extranjeras en cualquier estado" y que sigue "con atención" la redacción y aprobación de una nueva Ley de Inversiones Extranjeras en Bolivia que "brinde un marco de garantía, previsibilidad y seguridad jurídica a las inversiones en el país andino".