LA PAZ, 18 May. (EUROPA PRESS) -
Repsol YPF Bolivia denunció hoy que los fiscales del Ministerio Público José Centenaro y Alberto Cornejo intentaron ayer, miércoles, impedir "ilegalmente" la salida del país del ex presidente de la compañía, Julio Gavito, "en franco desconocimiento de la orden judicial de suspensión temporal de arraigo que lo autorizaba a viajar a Madrid".
La empresa informó en un comunicado que ya se había tramitado la suspensión temporal, establecida por un juez, para que a Gavito se le concediera un permiso de viaje, el cual finalmente fue emitido por un periodo de diez días.
Gavito y el jefe de operaciones de Repsol YPF, el argentino Pedro Sánchez, están acusados de contrabando y fueron detenidos varias horas el pasado mes de marzo en la ciudad de Santa Cruz, sede de la petrolera, pero el Tribunal Constitucional declaró inválida en abril la orden de detención dictada por Centenaro y Cornejo, "constituyendo las mismas una violación de los derechos individuales y una persecución indebida, además de afectar la imagen de la empresa y de sus funcionarios".
La suspensión temporal de arraigo, según indica la compañía, se hizo tomando como base la resolución de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte de Distrito de Santa Cruz, que el 27 de marzo dejó sin efecto la fianza y la obligación de presentarse ante el juez, estableciendo que para salir del país podían solicitar un permiso cumpliendo determinados requisitos.
La defensa presentó los billetes de avión de ida y vuelta de Gavito, así como el requerimiento de la sede de Repsol en Madrid para que el ex presidente se presentara allí. Después de 45 días --continúa el comunicado--, el martes pasado obtuvo el documento que suspendía el arraigo de forma temporal y que fue firmado por el director nacional de Migración, Alejando Ibáñez. Sin embargo, "dos policías, en representación del fiscal del distrito, Jaime Soliz, impidieron a Gavito subir al avión", agrega la petrolera.
"El increíble e ilegal argumento de la Fiscalía fue que no conocía la resolución y exigía ver el expediente, que se encuentra en el juzgado, por lo que no podía estar disponible en el aeropuerto", según explica el comunicado de Repsol YPFB.
Finalmente, el ex presidente de la filial boliviana pudo viajar, aunque en un vuelo posterior al que tenía previsto, cuando los fiscales reconocieron la validez de su permiso. "Resulta una gravísima violación de la ley la conducta del Ministerio Público, que se atribuye facultades de control migratorio, de las que carece para realizar una detención ilegal abusando del uso de la fuerza pública", critica la petrolera en el comunicado.