BUENOS AIRES (Reuters/EP) - El Senado de la provincia de Buenos Aires, la más rica y poblada de Argentina, aprobó el miércoles una reforma impositiva que sube gravámenes al sector rural, en un nuevo capítulo dentro de la extensa disputa que arrastra el agro con la presidenta Cristina Fernández.
Los dirigentes agrarios realizaron fuertes protestas contra la medida, porque dicen que no están en condiciones de pagar más impuestos tras la grave sequía que en el último año afectó al país, uno de los principales exportadores mundiales de granos y carne.
Pero la asfixia que están sufriendo las finanzas públicas de Buenos Aires llevó al gobernador Daniel Scioli, aliado de Fernández, a lanzar el alza impositiva, que la semana pasada ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados.
"Es un golpe que nosotros no podemos soportar ni tolerar", señaló a la televisión local Guillermo Giannasi, de la Federación Agraria Argentina, una de las cuatro entidades rurales que mantienen una tensa relación con la presidenta.
El proyecto, que sube los impuestos a la tierra y a la exportación e importación de bienes a través de los puertos provinciales, es clave para Scioli, que el martes insinuó que la provincia podría tener que emitir una cuasimoneda para pagar sueldos y pensiones en caso de no aprobarse la reforma.
Buenos Aires, que es la mayor productora agropecuaria del país, está sufriendo una falta de recursos por la desaceleración de la economía y podría cerrar el año con un déficit fiscal cercano a los 5.000 millones de pesos (1.300 millones de pesos).
Los productores rurales sostienen desde el año pasado un feroz enfrentamiento con el Gobierno nacional y concluyeron hace semanas una huelga comercial contra las políticas de Fernández, a la que acusan de perjudicarlos mediante la intervención estatal en los mercados de alimentos.
Algunos dirigentes del sector acusan a Scioli de obedecer ciegamente las órdenes de la presidenta Fernández y de su marido, el ex mandatario Néstor Kirchner, quien, según los analistas, toma muchas decisiones de Gobierno junto con su esposa.
El año pasado, los meses de huelgas comerciales y bloqueos de carreteras que realizaron los productores contra un alza impositiva propuesta por el Gobierno federal dejaron a la presidenta Fernández hundida en una severa crisis política.
El sector rural y los trabajadores portuarios temen que la reforma -que abarca también a otros sectores de la economía- vuelva menos competitivas a las terminales locales e impulse a los productores a exportar la mercadería a través de rivales como la provincia de Santa Fe, la principal exportadora agrícola del país.
Los más perjudicados serían los puertos de Quequén y Bahía Blanca, las terminales agrícolas más importantes de la provincia, donde la actividad se vio reducida en los últimos días por protestas de trabajadores.