Actualizado 04/09/2009 21:45

Chávez busca anular oposición y afirmar poder Venezuela

Por Patricia Rondón Espín

CARACAS (Reuters/EP) - En la celda donde el ex ministro de Defensa venezolano Raúl Isaías Baduel convive desde hace seis meses con otros dos generales, no hay paredes internas, el baño está tras una cortina y las camas individuales contiguas dejan poco espacio para la intimidad.

Hace dos años, el militar mestizo de cabello entrecano no sólo era "compadre" del presidente Hugo Chávez, sino el héroe de la "revolución" por su papel crucial en el retorno al poder del mandatario tras su breve derrocamiento en el 2002.

Pero, sus críticas contra el socialismo cuando salía del Gobierno y contra el "ansia de poder" de su antiguo compañero de armas lo convirtieron en un "traidor".

"Saldré de aquí cuando salga Chávez de la presidencia", asumió sereno Baduel en una entrevista con Reuters en la prisión militar de Ramo Verde, a lado de un retrato de la menor de sus 12 hijos, precisamente ahijada de Chávez.

La fragmentada oposición venezolana ha sido constantemente derrotada en la década de la llamada "revolución bolivariana".

No logra atraer las simpatías de la población, pero además, cuando un líder destaca es eficazmente anulado mediante inhabilitación política, prisión o es facilitado su exilio, lo que ha condenado al olvido a decenas de dirigentes que creyeron poder acabar con el Gobierno de Chávez.

Baduel fue acusado de sustraer fondos de la Fuerza Armada y arrestado dos años después de contribuir en el 2007 a la única derrota electoral de Chávez -cuando los venezolanos rechazaron su reforma a la Constitución-. Hoy, hasta los adversarios del Gobierno lo rechazan acusándolo de ser un infiltrado.

"Chávez y la oposición quieren acallar mi voz", dijo, mientras sus compañeros de celda -el general Wilfredo Barroso y el vicealmirante Carlos Millán Millán-, procesados por supuestamente planear un magnicidio, atienden sus visitas.

CULPABLES POR PROTESTAR

Según Cofavic, una organización no gubernamental (ONG) de protección a los derechos humanos, en Venezuela hay más de 2.000 personas imputadas o investigadas por delitos como obstrucción de vía pública y violación de zonas de seguridad durante protestas políticas, laborales o contra la gestión gubernamental.

"Las instituciones fundamentales para la protección de derechos humanos están bajo presión pública del propio poder Ejecutivo para que tomen decisiones íntimamente ligadas con el tema de la criminalización", explicó Liliana Ortega, directora de Cofavic.

Ortega asegura que algunos estudiantes, educadores, líderes sindicales y comunitarios han recibido privación de libertad o medidas sustitutivas por "utilizar un mecanismo democrático que es la protesta pacífica que la criminalizan por vía judicial".

La Fiscal General, Luisa Ortega, dijo la semana pasada que pedirá enjuiciar a todos los que alteren la tranquilidad y la paz pública, en respuesta a una manifestación contra una nueva ley de educación que según el oficialismo tenía la intención de "desestabilizar" al país.

La funcionaria advirtió que una actitud hostil contra el Gobierno constituye rebelión civil -que contempla prisión por 12 a 24 años-, en medio del arresto del prefecto de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, Richard Blanco, y 11 trabajadores de ese despacho que está en manos del opositor Antonio Ledezma.

A Blanco se le acusa de atacar a un policía durante una marcha, mientras los trabajadores están recluidos en una peligrosa cárcel de Caracas, imputados por alterar el orden público en una protesta contra una nueva ley que quitaba competencias e ingresos a la Alcaldía.

CRIMINALIZAR LA OPOSICION

Adversarios del líder socialista denuncian que son víctimas de una dura ofensiva para criminalizarlos y castigar la disidencia, mientras que sus seguidores aseguran que simplemente se está haciendo justicia.

Una de las más fuertes condenas -30 años de prisión- recayó este año sobre tres comisarios que trabajaban en abril del 2002 para el alcalde opositor de la capital, convirtiéndose en los primeros condenados por el derrocamiento de Chávez.

En el 2010 están previstas las elecciones legislativas nacionales y regionales, para las cuales Chávez ya comenzó su campaña y la oposición espera unir sus fuerzas para hacerle frente y ganar algo del espacio que domina el oficialismo.

Analistas creen que el país petrolero podría estar entrando en un período de convulsión, con crecientes protestas en rechazo a la aceleración de la legislación socialista -que pidió Chávez a su leal Asamblea Nacional- y el telón de la primera contracción económica tras cinco años de crecimiento.

Acusados de "golpistas y contrarrevolucionarios", a los pocos gobernadores y alcaldes opositores electos en el 2008, el Gobierno les ha mermado la capacidad de respuesta quitándoles presupuestos y competencias en salud, educación y deportes.

Un caso emblemático es el del alcalde de Maracaibo y ex candidato presidencial, Manuel Rosales, quien se exilió en Perú denunciando que se le pretendía seguir un "juicio viciado", luego de que el presidente anunció su encarcelamiento meses antes de que se le acusara formalmente por corrupción.

Para los comicios regionales del 2008, en los que ganaron Rosales y Ledezma entre unos pocos opositores, cientos de candidatos que adversan a Chávez -varios de ellos con posibilidad de victoria- fueron inhabilitados políticamente por años pese a no tener sentencias firmes en su contra.