BOGOTA (Reuters/EP) - La Corte Suprema de Justicia de Colombia pidió a la policía extremar la protección a sus magistrados tras amenazas contra sus vidas, en medio de tensiones que siguieron a procesos a congresistas por supuestos vínculos con irregulares, según una carta conocida el viernes.
Magistrados y otras personalidades han denunciado un incremento de las amenazas en su contra y de su familia, las cuales están bajo investigación policial y de las que no se conocen detalles.
"Dada la gravedad de los hechos, comedidamente reiteramos nuestras solicitudes para incrementar la seguridad a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a sus familias", indicó una carta de los magistrados enviada al director de la policía, general Oscar Naranjo.
"Igualmente, solicitamos a usted un informe del resultado concreto de las investigaciones adelantadas sobre el particular", agregó.
El presidente de la sala penal de la Corte, Julio Enrique Socha, denunció el jueves que uno de sus magistrados auxiliares había recibido un sobre que contenía una nota fúnebre con su nombre, en la más reciente de una serie de amenazas.
Naranjo dijo que la Policía Nacional no ahorrará esfuerzos en aumentar los esquemas de seguridad de los magistrados, así como de políticos y otras personas que también han recibido amenazas de muerte en los últimos días.
"Con cada una de esas personas hemos tomado contacto y como ha sido la instrucción del Gobierno Nacional, no se ahorrará ningún esfuerzo para fortalecer los esquemas protectivos", indicó Naranjo a Caracol Radio.
El oficial también mencionó que de una fuente anónima recibió información indicando que existía un listado de personalidades que podrían ser objeto de atentados contra su vida, pero se abstuvo de revelar sus nombres.
Las relaciones entre las ramas del poder en Colombia se han tensado en los últimos años por las investigaciones y procesos emprendidos por la Corte Suprema contra decenas de congresistas, acusados de aprovecharse de sus relaciones con los grupos de paramilitares de ultraderecha.
Igualmente, por acusaciones contra varios legisladores que habrían recibido favores y puestos burocráticos del Gobierno para aprobar la primera reelección del presidente Alvaro Uribe, quien aún no define si se postula a un tercer período para el cual sus partidarios están promoviendo un referendo.
El 6 de noviembre del 1985, el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá fue tomado por un comando guerrillero del desaparecido grupo insurgente M-19, en una sangrienta acción precedida de constantes amenazas, en la que murieron 55 personas, entre ellas, 11 magistrados.