LA HABANA, 8 Nov. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Cuba ha puesto en marcha esta semana un programa para la comercialización de alimentos destinado a hacer más eficiente la distribución, poniendo fin a otro monopolio estatal, en el marco de su programa de reformas económicas.
De momento, el programa gubernamental se aplicará solamente en las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque y, una vez constatados sus resultados, y en el caso de ser exitosos, se extenderá al resto del país a partir de 2015.
La nueva norma jurídica, que ya ha sido publicada en la Gaceta Oficial, "perfecciona" la red comercial, tanto mayorista como minorista, simplificando los vínculos entre el productor y el consumidor final.
A partir de ahora, los agricultores, bien de forma individual o en cooperativas, podrán decidir qué cantidad venden y a quién venden sin más condicionamiento que cumplir antes con su suministro a las empresas estatales.
Hasta ahora, los grandes consumidores, en su mayoría empresas estatales, aunque también otras privadas como las del sector turístico, tenían que negociar con la administración pública cuánto comprar y a quién comprar.
Los expertos coinciden en que es un gran paso. "Sorprendentemente, ofrece un espacio para que empresas privadas produzcan y comercialicen alimentos en una competencia abierta y saludable con el Estado", ha dicho Richard Feinberg, de Brookings Institution.
Agricultores y consumidores cubanos se habían quejado de que el monopolio estatal sobre las ventas de alimentos desincentiva la producción, reduce la eficiencia y hace que lleguen al mercado productos de mala calidad.
"Muchas veces no producimos todo lo que podemos por miedo a no tener donde venderlo", ha dicho en una entrevista telefónica con Reuters Diógenes Telles, agricultor de la provincia de Camagüey, ubicada en el centro de Cuba.
No obstante, la nueva ley aún prohíbe la venta de productos exportables como el tabaco y el café, fija los precios de algunos productos básicos como el arroz y los frijoles, y prioriza los contratos con el Estado.
Desde hace años, economistas y agricultores cubanos reivindican que el Estado debe desligarse del suministro de productos y maquinarias agrícolas a los campesinos, que entrega a cambio de la compra de las cosechas, algo que tampoco aborda la nueva ley.
REFORMAS ECONÓMICAS
En un país que importa el 60 por ciento de los alimentos que consume y donde la producción de los agricultores privados supera la de las granjas estatales, el Gobierno está liberando gradualmente el sector.
El proceso, aunque lento, ha conseguido un crecimiento de la producción de unos puntos porcentuales desde que el presidente cubano, Raúl Castro. comenzó las reformas agrícolas como parte de un plan para modernizar la economía de la isla.
Muchos de los aspectos de la nueva ley están en marcha como parte de estas reformas económicas o son actividades que han surgido espontáneamente y que hasta ahora han sido toleradas por las autoridades cubanas.
"Con las medidas que se están tomando y las que se irán implementando, haremos que el sector agropecuario se parezca a lo que necesitamos", ha dicho el jefe del Grupo de Política Agroindustrial de la Comisión de Implementación de las Reformas Económicas, Roberto Pérez Pérez.