QUITO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Ecuador ha ordenado abrir una investigación por el impacto sobre la imagen del país andino que ha causado la petrolera estadounidense Chevron al sostener que el Gobierno interfirió en el fallo sobre los vertidos en la provincia de Sucumbíos.
El Gobierno ha denunciado en numerosas ocasiones que Chevron ha emprendido una "campaña de descrédito" por afirmar, en la querella que presentó en 2011, que las autoridades ecuatorianas llegaron a un acuerdo con el juez para que fallara en contra de la petrolera estadounidense.
"Hoy estamos aquí, denunciado esta irresponsable y falsa campaña que está impulsado Chevron. Es una campaña millonaria y la están haciendo de manera deshonesta y utilizando información descontextualizada", dijo ayer el ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño.
El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, por su parte, solicitó a los tribunales que dirimen el caso que declaren "maliciosa y temeraria" la querella presentada por el abogado de Chevron, Thomas F.Cullen, de acuerdo con la agencia de noticias ANDES.
CASO CHEVRON
El caso se remonta a la década de 1990, cuando los habitantes del lago Agrio denunciaron a Texaco, adquirida por Chevron en 2001, por contaminar la selva y sus acuíferos con cientos de vertidos de deshechos entre 1964 y 1992, provocando daños en cosechas y en la salud pública, incluidas muertes por cáncer.
Chevron, por su parte, sostiene que los pozos donde se realizaron los vertidos de deshechos fueron limpiados y que sus actividades no son responsables de ninguno de los daños causados al medioambiente y a la salud pública.
En el primer asalto judicial, un tribunal ecuatoriano condenó en 2011 a la empresa estadounidense a pagar 18.200 millones de dólares (13.732) que, debido a su negativa a hacerlo, han ascendido a 19.000 millones (14.335 millones).
Chevron, que ya no tiene intereses en Ecuador, ha llevado a cabo una ardua tarea para evitar el pago. En febrero de 2011, presentó una denuncia ante un tribunal federal de Nueva York contra los demandantes y sus abogados, argumentando que el veredicto se obtuvo mediante fraude.
Además, en marzo de 2012 trasladó el caso al Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA), con sede en La Haya, que se declaró competente argumentando que Ecuador no respetó el tratado bilateral sobre protección de inversiones.