QUITO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La empresa estatal ecuatoriana Petroecuador dio hoy de plazo hasta el próximo 31 de octubre a las petroleras privadas que operan en el país bajo la modalidad de participación, y que desde el 25 abril del 2006 aplican la ley de reparto de los excedentes petroleros, para que se pongan al día con sus obligaciones económicas con el Estado.
En caso de no cumplir con el ultimátum dado, Petroecuador "iniciará las acciones legales contempladas en la ley", dijo ayer su presidente ejecutivo, Carlos Pareja Yannuzzelli. Una de esas acciones, según advirtió la semana pasada el procurador general del Estado, Xavier Garaicoa, es empezar procesos administrativos que terminen con la caducidad de los contratos.
Las empresas involucradas son: Andes Petroleum, Canadá Grande, City Oriente, CNPC, Petrobras (EcuadorTLC), Occidental (cuyo proceso está en litigio internacional), Perenco, Petroriental y Repsol-YPF. La deuda de las transnacionales, actualizada a septiembre, sobrepasa los 317,4 millones de dólares (más de 223,4 millones de euros), aseguró Pareja. Las empresas debieron pagar más de 811,36 millones de dólares (unos 571,1 millones de euros), pero debido a discrepancias en la fórmula de cálculo, hicieron pagos parciales, lo que provocó los saldos en contra.
Igual procedimiento aplicó el titular de la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH), José Sánchez, pero con Petroecuador. A la empresa, dijo el titular de ese organismo, se le solicitó formalmente una explicación sobre los atrasos, en especial de los saldos de la panameña City Oriente y de la china CNPC.
"La DNH hace la liquidación y la envía a Petroecuador para su cobro, esta cuenta con capacidad coactiva", para el caso de que no se pague, comentó Sánchez. El funcionario demostró, además, interés en conocer cuáles son las acciones legales que han emprendido en Petroecuador con miras a saldar las deudas de las petroleras.
Petroecuador contestó inmediatamente que realizará "acciones administrativas", es decir, cartas, oficios y comunicados, solicitando a las contratistas ponerse al día, pero ninguna acción legal.
City Oriente no pagó nada de su deuda, tras la aplicación de la Ley 42, que obliga al reparto con el Estado en un 50% (antes de que se eleve al 99%), argumentando que el tema estaba en duda por la demanda internacional que interpusieron. CNPC, en cambio, consideró que la Ley no se aplicaba en su caso, aunque la DNH insiste en que sí.