TEGUCIGALPA (Reuters/EP) - Empresarios de Honduras dijeron el lunes que mantienen su respaldo al Gobierno de facto de su país pese a las recientes medidas de Estados Unidos de revocarles sus visas como otro punto de presión para que sea restituido al depuesto presidente Manuel Zelaya.
Estados Unidos revocó el viernes las visas de ingreso a decenas de funcionarios -entre ellos el presidente de facto, Roberto Micheletti- así como a renombrados empresarios, políticos y legisladores que respaldaron el arresto y la expulsión de Zelaya el 28 de junio.
Entre los afectados está el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé, que abierta y públicamente respaldó el golpe y la designación de Micheletti como gobernante y quien fue rechazado el sábado por autoridades migratorias estadounidenses cuando intentaba ingresar a Miami.
"Estados Unidos le puede quitar las visas a quien quiera. Nosotros nos mantenemos firmes defendiendo la sucesión constitucional y la democracia de Honduras", dijo a Reuters el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Amilcar Bulnes, en una entrevista telefónica.
"Yo estoy apoyando al Gobierno del presidente Micheletti. Con la salida de Zelaya se terminó la guerra que estaban haciendo para terminar con la empresa privada", dijo por su parte Facussé en una conferencia de prensa el lunes.
La cancillería describió en un comunicado como "discriminatorias" e "injustificadas" la revocación de las visas.
Sin embargo, el canciller Carlos López dijo en una rueda de prensa estar dispuesto a reunirse con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, para explicar la situación en Honduras.
Zelaya fue derrocado el mismo día en que planeaba realizar una consulta popular que abriera paso a la reelección, en una movida que sus detractores, tanto políticos como empresarios, vieron como un intento de perpetuarse en el poder influenciado por el presidente venezolano, Hugo Chávez.
El mandatario depuesto ha reclamado al Gobierno de Barack Obama medidas más duras en contra del Gobierno de facto, al que Washington no reconoce.