Por Helen Popper
BUENOS AIRES (Reuters/EP) - Los productores agropecuarios de Argentina lanzaron el viernes una huelga comercial contra las políticas oficiales para el sector, reviviendo un agudo conflicto por el impuesto a la exportación de soja que durante meses del año pasado convulsionó al país.
La nueva protesta fue desencadenada por el veto que la presidenta Cristina Fernández realizó esta semana a una ley que beneficiaba impositivamente a algunas regiones afectadas por una grave sequía, aunque los productores rurales arrastran su enojo desde el 2008.
El artículo vetado habría eximido a productores agropecuarios del país sudamericano, uno de los principales proveedores mundiales de alimentos, de pagar aranceles a la exportación de alimentos durante seis meses en algunas de las zonas más afectadas por la falta de lluvias.
Además del golpe que significó el veto presidencial, los productores también se encuentran desalentados porque el Congreso renovó a principios de mes la facultad de Fernández de fijar las tasas a las exportaciones, lo que alejó la posibilidad de que el Parlamento reduzca los polémicos aranceles.
Los siguientes son algunos posibles escenarios de cómo el conflicto agropecuario en Argentina podría evolucionar en los próximos meses y tras la asunción, en diciembre, de los legisladores electos en los comicios de medio término de junio:
PRODUCTORES PROLONGAN HUELGA, INTENSIFICAN PROTESTAS
Los productores rurales planean suspender la comercialización de granos y hacienda durante ocho días, pero podrían extender la protesta en un intento por incrementar la presión sobre Fernández.
Los dirigentes agropecuarios dijeron que se oponen a los cortes de rutas como medio de protesta, pero la línea más dura de ese gremio podría repetir los bloqueos del año pasado, aunque evitarían provocar un desabastecimiento de alimentos para no perder apoyo de la población urbana.
Sin embargo, cualquier medida del Gobierno que busque castigar a los productores podría alimentar las posturas más intransigentes.
Algunos periódicos argentinos dijeron al comienzo de la semana que el Gobierno analizaba subir los impuestos a la exportación de soja en hasta 10 puntos porcentuales, pero funcionarios de alto rango inmediatamente negaron las versiones.
Aunque un alza de tasas sería extremadamente controversial y profundizaría el enojo en el sector rural, Fernández ha mostrado escasas señales de ablandar su postura luego de la importante derrota que sufrió en los comicios de junio.
GOBIERNO Y AGRO NEGOCIAN, LOGRAN ACUERDOS
Las principales entidades rurales y funcionarios del Gobierno mantuvieron numerosas reuniones, sin mayores resultados, desde que el conflicto por un alza en el impuesto a la exportación de soja estalló en marzo del 2008, lo que hace que una salida negociada a la disputa parezca improbable.
Ninguno de los bandos en cuestión está dispuesto a ceder.
El Gobierno está envalentonado por el voto del Congreso de extender sus poderes para fijar las tasas a la exportación, mientras que los productores se sienten fuertes con la nueva huelga.
De todos modos, el recambio parlamentario de diciembre podría marcar un quiebre en el conflicto.
La asunción de los nuevos legisladores disminuirá la capacidad del Gobierno de aprobar medidas controversiales en el Congreso y podría forzar a la presidenta Fernández a realizar concesiones.
Sin embargo, lo más seguro es que Fernández no tocará el impuesto a las ventas de soja, una rica fuente de ingresos en una época en la que cae la recaudación fiscal.
Los acuerdos logrados en temas como los precios de la leche y la exportación de carnes no alcanzaron para aplacar la ira de los productores, que aspiran a un cambio extremo en las políticas y una reducción en los aranceles.
PRODUCTORES BUSCAN RESPUESTAS EN NUEVO CONGRESO
Los productores rurales podrían acusar el cansancio de las huelgas y las protestas, especialmente si el Gobierno no cambia su postura y si el apoyo público es limitado.
Por ende, podrían decidir centralizar sus esfuerzos en presionar a legisladores durante el tiempo que queda hasta que el nuevo Congreso tome forma el 10 de diciembre.
Aunque la oposición está dividida, la pérdida de la mayoría parlamentaria del Gobierno facilitará a los productores impulsar cambios en la política para el sector y presionar por una anulación de los poderes fiscales delegados a la presidenta en agosto.
Varios dirigentes agropecuarios fueron electos legisladores en las elecciones de junio, lo que le dio al sector una voz directa en el Congreso, mientras que el avance de la oposición en los recintos parlamentarios jugará a favor de los proyectos impulsados por el agro.
(Por Helen Popper; Traducido en español por Maximilian Heath)