Por Nicolás Misculin y Karina Grazina
BUENOS AIRES (Reuters/EP) - El Gobierno argentino anunció el viernes medidas para el sector agropecuario, como la reapertura de las exportaciones de trigo y maíz, pero los dirigentes rurales consideraron que son insuficientes.
Los productores rurales, que mantienen una fuerte disputa con la presidenta Cristina Fernández desde el año pasado, llevaron una lista de reclamos al encuentro, pero la principal demanda, que es la reducción del impuesto a las exportaciones de granos, fue desestimada.
"No están dadas las condiciones para reducir los derechos de exportación", dijo el jefe del Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, en una conferencia de prensa.
El Gobierno explicó que realizar un recorte en los tributos golpearía a la alicaída recaudación del Estado.
Además, la ministra de Producción, Débora Georgi, dijo que por el momento el Gobierno no consideraba necesario bajar los impuestos debido a que el sector estaba recuperando su rentabilidad respecto del 2008, ante la mejora de los precios internacionales.
La funcionaria estimó la cosecha total de granos para 2009/2010 en 96 millones de toneladas.
Fernández también explicó que el Gobierno tomará medidas para agilizar los trámites necesarios para concretar las exportaciones de granos y carnes, y anunció mejoras para el sector cárnico.
ESCEPTICISMO
En una conferencia de prensa, los dirigentes rurales señalaron que las iniciativas anunciadas son positivas, pero se mostraron escépticos.
"Nosotros estamos bastante preocupados porque una cosa son los anuncios y otras cosas son las implementaciones", dijo Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las entidades que lideró una protesta que en 2008 golpeó al Gobierno.
"Esto tiene que ser tratado en el Congreso de la Nación", agregó.
La convocatoria a los dirigentes agrarios se produjo luego de la derrota electoral del oficialismo en los comicios legislativos de fin de junio, que llevó a la presidenta -criticada a diario por su intransigencia- a abrir el diálogo con la oposición y con los distintos sectores de la economía.
Argentina es el mayor exportador mundial de derivados de soja y el tercero de granos de la oleaginosa, por lo que reducir el impuesto al cultivo, del 35 por ciento actual a un 25 por ciento, como pide el sector, implicaría una pérdida de miles de millones de dólares para el Estado.
El año pasado, los productores realizaron huelgas comerciales, bloqueos de rutas y masivas manifestaciones contra el aumento impositivo impulsado por el Gobierno, que quedó envuelto en una crisis y debió retroceder con el alza.
Los cortocircuitos con el sector continuaron y el diálogo se limitó desde entonces a aspectos técnicos o secundarios.
En los últimos años, el Gobierno mantuvo restringidas las ventas externas de trigo y maíz mediante un sistema de cupos para garantizar la oferta doméstica de los cereales.