Por Nicolás Misculin
BUENOS AIRES (Reuters/EP) - El debilitado Gobierno de la presidenta argentina Cristina Fernández está obligado a entenderse con sus fortalecidos opositores en el Congreso, si apuesta a sostener políticas económicas clave y dejar de lado su aparente renuencia a aplicar profundos cambios de rumbo.
Tras la derrota oficialista en los recientes comicios legislativos, Fernández y diputados del peronismo llamaron a opositores a discutir una agenda que incluya los controvertidos impuestos a la exportación de granos, fundamentales para mantener el menguante superávit fiscal, y la facultad para reasignar partidas presupuestarias, entre otros asuntos.
Pero la oposición, envalentonada tras la victoria obtenida a fines de junio, aseguró que no se conformará con cambios cosméticos tras años en los que el Gobierno tuvo un control absoluto del Parlamento y no necesitó negociar para aprobar sus proyectos.
"No vamos a esperar una semana más (...) Dentro del oficialismo hay diputados que han votado contra sus propias convicciones por mandato. Toda esa situación ha cambiado", dijo a Reuters el diputado Enrique Thomas, del peronismo disidente.
Presionado por la oposición y ante el temor de que legisladores oficialistas lo abandonen tras el revés electoral, el Gobierno, que en un principio había convocado a un diálogo para analizar sólo una reforma política, se vio obligado a ampliar la agenda parlamentaria.
Además de los impuestos a la exportación -llamados "retenciones"- y las facultades extraordinarias, la oposición quiere modificar la forma en que se reparte con las provincias lo recaudado por el denominado "impuesto al cheque".
Los mayores partidos opositores también pretenden modificar el órgano que regula a la Justicia y el impuesto al consumo, además de crear un subsidio para las familias pobres, que suman cerca del 30 por ciento de la población.
La presidenta está urgida por consensuar algunas políticas antes del recambio legislativo que se producirá en diciembre, cuando perderá la mayoría parlamentaria.
La llamada "tropa oficialista" en el Congreso ya ha dicho que acepta discutir al menos las retenciones, innegociables hasta hace un mes, y las facultades extraordinarias.
"El 14 de septiembre ingresa al Congreso el presupuesto para el 2010 y a partir del 15 necesariamente vamos a debatir los ingresos del Estado. Habrá que definir si hay disminuciones en el tema del IVA (Impuesto al Valor Agregado) y están las retenciones", afirmó el diputado oficialista Alberto Cantero.
CONFLICTO AGRARIO
Fernández intentó subir los impuestos a la exportación de granos en el 2008, lo que despertó una feroz protesta de un sector cansado de intervenciones oficiales en los mercados.
El Gobierno se vio obligado a retroceder con el alza, pero el sector, acuciado por una sequía y la baja de los precios de los granos, reclama ahora un nuevo recorte en las retenciones para fomentar la alicaída producción.
"La situación es calamitosa tanto para los granos como para la ganadería y la lechería", advirtió Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural Argentina, una de las mayores entidades agrarias del país.
La Coalición Cívica, la segunda fuerza política tras los comicios de junio, adelantó que pedirá eliminar la tasa al trigo y al maíz y reducir el impuesto a la soja a un techo del 25 por ciento desde el 35 por ciento actual.
Federico Pinedo, jefe del bloque de diputados del partido opositor PRO, dijo a Reuters que la baja de retenciones debe resolverse antes de septiembre, cuando se inicie una nueva temporada de siembra del maíz.
Pero la clave está en el impuesto a la soja, que explica la mayor parte de los casi 10.000 millones de dólares que el Estado recaudó por tasas a las exportaciones en el 2008, lo que hace difícil pensar en un retroceso del Gobierno en este tema.
"La soja tiene el 70 por ciento del área agrícola de Argentina y una rentabilidad alta. Es diferente la situación del trigo y el maíz, que integran una matriz agroalimentaria y son cultivos que hay que estimular. Por eso las retenciones deben ser diferentes", dijo el diputado Cantero, titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Parlamento.
Una eventual rebaja del impuesto a la soja podría ser un golpe letal para las arcas estatales, agobiadas por una desaceleración de la economía. Pero muchos opositores consideran que la caída de la recaudación no es insalvable.
"Creemos que el Gobierno despilfarra una cantidad muy importante de plata (dinero) que debería dejar de despilfarrar. Si aumenta la producción (agrícola) va a aumentar la recaudación", aseguró Pinedo.