Actualizado 23/09/2009 23:49

Gobierno de Colombia insiste a Corte para que nombre a fiscal

BOGOTA (Reuters/EP) - El Gobierno de Colombia le solicitó el miércoles a la Corte Suprema de Justicia proceder a elegir de inmediato al fiscal general de la nación de una terna que presentó el presidente Alvaro Uribe y cumplir con su obligación constitucional.

El tribunal insiste en que no procederá a la elección porque los candidatos presentados por el mandatario no se ajustan a los requisitos que exige el cargo, lo que desató un nuevo enfrentamiento entre el poder judicial y el Gobierno, que se niega a cambiar a los nominados.

Las posiciones enfrentadas amenazan con demorar indefinidamente la elección del fiscal general y provocar un trauma en las investigaciones y procesos criminales más importantes del país, de acuerdo con fuentes judiciales.

"Respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no elegir Fiscal General de la Nación a partir de la terna presentada por el Presidente de la República, el Gobierno Nacional reitera los tres criterios que se tuvieron en cuenta para conformar dicha terna: competencia legal, legitimidad e idoneidad", dijo un comunicado de la Presidencia.

"El Gobierno Nacional solicita a la Honorable Corte Suprema de Justicia proceder a la elección del Fiscal General de la Nación, evitando así la omisión en el cumplimiento de su obligación constitucional", agregó.

La Constitución Política de Colombia establece que el tribunal tiene la misión de elegir al fiscal general de una terna de candidatos enviada por el presidente y para un periodo de cuatro años.

El periodo del fiscal venció en agosto y actualmente el cargo lo ocupa en calidad de encargado Guillermo Mendoza, en reemplazo de Mario Iguarán.

En los últimos meses Uribe ha tenido enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia que investiga a varios congresistas aliados del mandatario por presuntos nexos con los escuadrones paramilitares de ultraderecha.

El presidente ha cuestionado la independencia del tribunal y la idoneidad de sus magistrados, en lo que analistas definen como un choque de poderes.