Por Emma Pinedo
MADRID, 17 abr, 17 Abr. (Reuters/EP) -
- El Gobierno español se desmarcó el viernes de la investigación sobre el patrimonio del ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato, intentando distanciarse de un escándalo que afecta al que fuera uno de los pilares del gobernante Partido Popular.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el caso se enmarca en el "ámbito privado" y que el Gobierno no tiene previsto dar explicaciones más allá de una comparecencia el martes del director de la Agencia Tributaria en el Congreso.
Asimismo, aseguró que las instituciones públicas demostraron que funcionan, en un momento delicado para las dos grandes formaciones políticas tradicionales, PP y Partido Socialista (PSOE), que podrían sufrir en las urnas la indignación de la ciudadanía ante los diversos escándalos políticos y financieros.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, agregó que "da igual la pertenencia a un partido o no, el relieve social o el relieve político o el poder político o económico que uno se atribuya. Todos somos iguales ante la ley y eso es algo que tiene que preservar y hacer cumplir un Gobierno".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro -que trabajó a las órdenes de Rato años atrás en el Ministerio de Economía- dijo que la investigación ordenada por la Fiscalía de Madrid por los presuntos delitos de lavado de dinero, fraude fiscal y ocultamiento de bienes tiene que ver con su patrimonio en el extranjero.
En declaraciones al diario El País, Rato dijo el viernes que no tiene sociedades en paraísos fiscales, ni en un ningún país de fuera de la Unión Europea.
No fue posible contactar directamente con Rato ni con sus representantes legales de forma inmediata.
La denuncia de la fiscalía precipitó el jueves sendos registros en el domicilio y la oficina de Rato, que fueron transmitidos casi en directo por las televisiones en medio de un gran frenesí mediático, en el enésimo escándalo que afecta a la clase política española.
El viernes, el que fuera ministro de Economía entre 1996 y 2004 en los gobiernos del presiente José María Aznar, volvió a estar varias horas en su oficina, en el céntrico y exclusivo barrio madrileño de Salamanca, mientras agentes de la Agencia Tributaria, que ejercen como policía judicial, investigan su patrimonio.
El nuevo frente judicial que afronta el que fuera uno de los políticos más reputados de la primera década del siglo XXI en España llega en un momento de gran crispación ciudadana por la proliferación de casos de corrupción en las altas esferas.