Actualizado 03/09/2009 18:55

Gobierno facto Honduras intenta acercarse a EEUU

TEGUCIGALPA (Reuters/EP) - Después de desafiar a Estados Unidos y a la comunidad internacional, el Gobierno de facto de Honduras intentó acercarse el jueves a Washington en momentos en que su mayor socio comercial estudia nuevas sanciones sobre el país centroamericano.

Sin embargo, el Gobierno interino se mantuvo firme en su rechazo a reinstaurar en el poder al presidente Manuel Zelaya -depuesto hace dos meses por un golpe militar-, como reclama Estados Unidos y casi toda la comunidad internacional.

Zelaya se reunirá el jueves en Washington con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, mientras el Gobierno del presidente estadounidense Barack Obama se prepara a decidir si suspende unos 150 millones de dólares de ayuda económica a Tegucigalpa como sanción por el golpe.

"Hemos sido, somos y seguiremos siendo amigos de los Estados Unidos, tenemos gran admiración por la administración del presidente Obama, pero al mismo tiempo estamos firmes, determinados y más fortalecidos que nunca para defender nuestra democracia y nuestra libertad", dijo el presidente de facto, Roberto Micheletti, en cadena nacional.

Micheletti había desafiado la semana pasada a la comunidad internacional asegurando que el empobrecido país podría sobrevivir aún con un embargo económico antes que ceder a restituir al derrocado presidente y dijo que Estados Unidos no puede imponer nada a Honduras.

Estados Unidos es el mayor socio comercial de Honduras, que envía gran parte de sus exportaciones hacia el norte.

Hasta ahora, Washington suspendió ayuda militar por unos 18 millones de dólares y visas diplomáticas para hondureños.

El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cancelaron su ayuda al país para este año y la Organización de Estados Americanos (OEA) suspendió a la nación del organismo.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concedió esta semana una línea de ayuda por 150 millones de dólares a Honduras.

Zelaya, un aliado del mandatario venezolano Hugo Chávez, fue depuesto en un golpe militar a fines de junio cuando se disponía a celebrar una consulta popular para allanar el camino a la reelección presidencial prohibida por la Constitución.

En reuniones con líderes de varios países de la región y autoridades estadounidenses, Zelaya ha reclamado mayores sanciones sobre el Gobierno de facto.

El plan del Gobierno de facto es celebrar elecciones presidenciales el 29 de noviembre -previstas antes del golpe- y entregar el poder en enero al ganador de la contienda, a pesar de que muchos países y organismos han dicho que no reconocerán al vencedor de los comicios.

"Será un acto soberano en contra de la injerencia de otros países en nuestros asuntos internos", dijo Micheletti sobre las elecciones.