Publicado 26/10/2015 17:24

Un hijo de Lula da Silva, investigado dentro de la Operación Zelotes

   RIO DE JANEIRO, 26 Oct. (Reuters/Notimérica) -

   La Policía Federal de Brasil ha requisado documentos de la empresa de marketing deportivo LFT, cuyo propietario es uno de los hijos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, como parte de la nueva fase de la operación Zelotes, que investiga el fraude dentro del Consejo de Administración de Recursos Fiscales (CARF), informó una fuente del PF este lunes.

   La fuente, que ha pedido no ser identificada, no tenía detalles sobre la conexión entre la empresa de Luís Cláudio Lula da Silva, ubicada en la capital paulista, con el esquema investigado por Zelotes.

   La Policía Federal informó que no va a divulgar los nombres de los objetivos de la nueva etapa de la operación, que comenzó este lunes y que incluye 33 mandatos judiciales, seis de ellos de prisión preventiva, en los estados de São Paulo, Piauí, Maranhão y Distrito Federal.

   De acuerdo con el periódico 'Folha de São Paulo', los agentes policiales llegaron al edificio de la oficina de la empresa LFT Marketing Esportivo, de la propiedad de Luís Cláudio, sobre las 6 de la mañana y estuvieron en el local cerca de dos horas, de donde salieron cargando varias carpetas de documentos.

   La empresa LTF fue contratada en 2014 por la empresa Marcondes e Mautoni (M&M) por 2,4 millones de reales. M&M también está siendo investigada dentro del marco de la operación Zelotes y uno de los socios de la empresa, Mauro Marcondes, ha sido detenido en la mañana de este lunes. Marcondes ya había confirmado, en una entrevista con el mismo diario a principio del mes, que uno de los servicios prestados por LFT Marketing a M&M era un un autobús que circularía por Brasil durante la Copa del Mundo divulgando una empresa patrocinadora de la competición.

PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL

   La operación Zelotes tiene como objetivo investigar y desarticular una red de empresas que sobornaban a funcionarios del Ministerio de Hacienda para no pagar los impuestos correspondientes. La trama actuaba en el Consejo de Administración de Recursos Fiscales (CARF), cuyos consejeros disminuían el valor de las multas a las empresas o directamente las anulaban a cambio de sobornos. Además de los mandatos de prisión, han sido expedidos 18 mandatos de requisar documentos y 9 por conducta irregular.

   "Esta nueva etapa de operación apunta que un consorico de empresas, además de promover la manipulación de procesos y juicios dentro de CARF, también negociaba incentivos fiscales a favor de empresas del sector automovilístico", explica la policía en un comunicado.

   Marcondes, socio de M&M, también es el vicepresidente tesorero de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (Anfavea) y, según 'O Estado de São Paulo', su empresa habría sido contratada por Caoa Hyundai para conseguir la extensión de una desgravación fiscal a través de una medida provisional que habría sido comprada por lobistas cuando Lula estaba en el poder.

   De acuerdo con la fuente de la policía, entre los arrestados este lunes, también está el exconsejero de CARF José Ricardo da Silva.

   Según el Ministerio Público Federal, hay un total de 74 empresarios, compañías y entidades investigadas en la trama de CARF entre 2005 y 2013 que, tras ser analizados, suman 19,6 billones de reales (más de 6.100 millones de dólares) que dejaron de ser recogidos en las arcas públicas.

OPERACIÓN ZELOTES

   En julio, el comisario Marlon Cajado, del grupo de la Policía Federal responsable de las investigaciones de la Operación Zelotes criticó duramente la impunidad con la que siguen actuando las empresas envueltas en la llamada Operación Zelotes, que durante años dejaron de pagar sus impuestos.

   La trama actuaba en el Consejo de Administración de Recursos Fiscales (CARF) del Ministerio de Hacienda, cuyos consejeros reducían o directamente anulaban multas a las empresas que tenían cuentas pendientes con el fisco, siempre a cambio de sobornos.

   El CARF está formado por seis miembros; tres nombrados por las empresas y otros tres por el Ministerio, un esquema que según Cajado favortece que haya casos de corrupción.