Por Nelson Bocanegra
QUITO (Reuters/EP) - Aunque han pasado casi 10 años, José Sanabria aún tiene fresco el recuerdo de la última crisis de la banca ecuatoriana, en la que desaparecieron decenas de entidades y con una de ellas sus ahorros de varios años.
"Esa crisis fue muy dura, se llevó mi dinero, sólo espero que no vuelva a ocurrir por ninguna razón", dijo Sanabria, de 42 años, al salir de una entidad financiera.
Y es que pese a que el sistema financiero de este país sudamericano se recuperó y muestra sólidos balances, en las últimas semanas la reminiscencia de aquella época ha comenzado a rondar en la mente de ciudadanos y analistas, que ahora ven otro peligro en el horizonte.
Las alarmas se encendieron con el anuncio del Gobierno de que los bancos deberán repatriar a más tardar a finales de agosto unos 1.200 millones de dólares de sus recursos en el exterior para mantener al menos un 45 por ciento de sus activos depositados o invertidos en el país, para presionarlos a prestar o invertir localmente para reactivar la economía.
A eso se sumó que el Banco Central, un órgano dependiente directamente del Gobierno, fijó un tope a las tasas de interés que pueden cobrar las entidades para crédito de consumo.
Las determinaciones del Gobierno del presidente Rafael Correa, un economista educado en Estados Unidos pero que planea implementar un Estado socialista, pondrían en peligro la salud de la banca, cuya última crisis llevó al país a establecer el esquema de dolarización, en el 2000.
¿PUNTA DE LANZA?
"Si el Gobierno sigue una estrategia de presión a las instituciones bancarias para que reduzcan sus niveles de liquidez, en algún momento los depositantes se pueden poner nerviosos y podemos experimentar una fuga de depósitos que podría poner en riesgo la estabilidad de los bancos", dijo Alfredo Arizaga, asesor en la firma Quantum, a Reuters.
Las medidas restrictivas se suman al ya nublado panorama para la banca y el sector empresarial por el cierre de líneas de crédito externas tras la moratoria que declaró Correa sobre algunos bonos de su deuda externa.
Arizaga, ex ministro de economía al igual que Correa, resaltó que el sistema financiero ecuatoriano se podría debilitar con la orden de invertir en instrumentos locales debido a la insuficiencia de activos líquidos y seguros.
Las restricciones impuestas no necesariamente darán los frutos deseados por el Gobierno, pero podrían ser la punta de lanza de más regulaciones contra el sistema financiero.
"Lo único que procrea es un clima en el cual el Gobierno tome otro paso obligando a que eso ocurra; eso significa mayor riesgo para la banca dado el clima todavía bastante inestable que hay a nivel global y evidentemente a nivel local", opinó Enrique Alvarez, jefe de estrategia para América Latina de IDEAGlobal, en Nueva York.
¿POLITICA O ECONOMIA?
La disputa entre Correa y la banca viene de tiempo atrás, acusándola de financiar y servir a los intereses de la oposición. Algunos de los más importantes banqueros son propietarios de medios de comunicación que hacen abierta crítica al Gobierno, a los que ya ha amenazado con cerrar.
Por eso, los analistas ven en las directrices de Correa sobre el sector una mezcla de intereses políticos, económicos y hasta personales, pues recientemente el mandatario logró ganar una demanda por 5 millones de dólares contra un banco que lo mantuvo durante varios años reportado en las centrales de riesgo por una supuesta deuda. El banco apeló la decisión.
"Me parece que es bastante preocupante, claro que hay un objetivo político, que el Gobierno ve a la banca como un bastión de la oposición", opinó Alberto Ramos, economista jefe para América Latina de Goldman Sachs.
Al referirse a la medida para la repatriación de recursos de los bancos en el exterior, el carismático mandatario de 46 años sentenció en su tradicional programa televisivo que se acercaba el fin del "imperio" de la banca y que "se les va a acabar la fiesta", cambiando el tono de meses anteriores, cuando prometió inyectar unos 800 millones de dólares en el sistema financiero para dinamizar la economía.
Ramos no descartó que el Gobierno vea en la banca un proveedor de recursos en caso de emergencia, ante el deterioro de las reservas internacionales, que cayeron más de la mitad en el último año hasta mayo, a 2.231 millones de dólares.
A eso se suma una caída en el ingreso de divisas producto de un déficit comercial de 799,3 millones de dólares entre enero y abril.
"Hay siempre esa tentación, de traer esa liquidez y prestarla a un ente casi público", concluyó Ramos.
Pero, algunos no descartan que el discurso de Correa en contra de los bancos se quede solo en eso.
"Hay que diferenciar entre lo que el presidente Correa dice y lo que hace, me parece que está plenamente consciente de que si provoca una crisis bancaria sería imposible mantener la dolarización y el pueblo ecuatoriano reaccionará de manera muy negativa contra cualquier Gobierno que arriesgue la estabilidad", agregó Arizaga.
En la última década, ninguno de los antecesores de Correa logró culminar el periodo de su mandato.