El Gobierno pide a los ex empleados devolver los bienes sustraídos de la empresa
MÉXICO DF, 21 Oct. (Reuters/EP) -
México no reconsiderará su decisión de cerrar Luz y Fuerza del Centro (LFC), una empresa estatal de energía eléctrica que devoraba miles de millones de dólares en subsidios, pese a las protestas de su sindicato, aclaró la secretaria (ministra) de Energía, Georgina Kessel.
Los trabajadores del sindicato de LFC paralizaron la semana pasada las actividades en el centro de Ciudad de México con una gigantesca protesta que buscaba forzar al Gobierno a dar marcha atrás al inesperado cierre de la compañía, que tiene el monopolio en la distribución de electricidad en la zona de la capital.
Pero el Gobierno de Felipe Calderón no tiene intenciones de cambiar de parecer sobre el cierre, que dejó a 44.000 personas en el paro, y tampoco tiene previsto incrementar el paquete de indemnizaciones ofrecido, dijo Kessel en una entrevista a Reuters.
"No hay marcha atrás. Esta es una decisión tomada que se mantiene y se mantendrá", subrayó la ministra mexicana.
La decisión de desactivar LFC, una deficitaria compañía plagada de cortes en el suministro y altos costos, ha sido elogiada por analistas en Wall Street, que aseguran es una señal de la voluntad del presidente Calderón de cumplir con su promesa de reducir el gasto en el sector público.
Pero los trabajadores han prometido luchar contra la decisión y se levantaron de la mesa de negociaciones después de que el Gobierno se negara a discutir la reapertura de la firma.
El Gobierno de Calderón confía en que su compromiso de no privatizar el sector eléctrico y la inconformidad de los usuarios con el servicio que prestaba la empresa opaquen las protestas del sindicato que, en caso de sumar más fuerzas, podrían bloquear nuevas reformas que intenta llevar adelante.
Los subsidios para cubrir las pérdidas de LFC han aumentado en los últimos años y se esperaba que lleguen a 42.000 millones de pesos (2.165 millones de euros) este año, un monto similar al que el Gobierno gasta en su programa contra la pobreza.
El secretario (ministro) de Hacienda, Agustín Carstens, dijo este mes que el cierre de la empresa le ahorraría al Estado al menos 18.000 millones de pesos (928 millones de euros), a pesar de los costos previstos para concretar el cierre de la empresa.
El Gobierno mexicano busca incrementar la eficiencia en otras empresas estatales, incluyendo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el monopolio de electricidad, y la petrolera Pemex, explicó Kessel.
El Gobierno de Calderón enfrentará el desafío de mejorar el servicio prestado por LFC, donde los registros todavía se guardan en papel y la falta de inversiones durante años se traducen en fallas de las redes de distribución, que quedan superadas por la demanda de energía.
DEVOLVER BIENES
Por otra parte, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) exigió este miércoles a los ex trabajadores de LFC devolver los bienes que han sido sustraídos de la compañía o estén bajo su resguardo.
El próximo viernes vence el plazo que ha dado la SAE para que los ex empleados se acerquen a los ocho centros de recepción --ubicados en los estados de México, Hidalgo, Morelos y Puebla-- y devuelvan los bienes que tengan en su poder, informó el diario local 'La Jornada'.
Pero la directiva del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha dicho que no tienen información de que los trabajadores tengan bienes y material perteneciente a la extinta LFC y aclaró que es la compañía la que se ha quedado con objetos personales de las personas que fueron despedidas.
El secretario del Exterior del SME, Fernando Amezcua, recordó que fue la Policía Federal la que el pasado 10 de octubre tomó las instalaciones de la eléctrica y, a partir de entonces, ha impedido el ingreso de personas a esas instalaciones. "Hasta donde tenemos conocimiento la gente no tiene bienes de la empresa", señaló.