MÉXICO, 22 May. (EUROPA PRESS) -
El Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, que había concedido un amparo al líder minero Napoleón Gómez Urrutia, presuntamente implicado en una fraude de 55 millones de dólares al fideicomiso minero, ha resuelto que la nueva orden de aprehensión dictada el 14 de marzo pasado cumple con los requisitos.
El pasado mes de marzo, el VI Tribunal Unitario Penal del Primer Circuito en el Distrito Federal libró una nueva orden de aprehensión contra Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato minero, la tercera en nueve meses.
En dicha orden, el tribunal ordenó girar oficio a la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR) para que procediera a la inmediata localización y captura de Gómez Urrutia, que lleva ya más de seis años prófugo de la justicia y refugiado en la ciudad de Vancouver, en Canadá.
Agustín Acosta Azcón, apoderado legal de los trabajadores afectados por el fraude del que se acusa a Gómez Urrutia, agregó que en su resolución del 17 de mayo pasado, el juzgado purgó los defectos formales del amparo que había concedido y desecha la oposición de la defensa a la nueva orden de aprehensión.
"Hay orden de aprehensión vigente y ejecutable contra Napoleón Gómez Urrutia; la defensa del dirigente minero no ha logrado desestimar ni vencer la acusación por el desvío de los recursos del fondo minero", puntualizó el litigante en un comunicado de prensa.
Acosta Azcón es abogado de los demandantes aglutinados en la Cooperativa Veta de Plata, trabajadores afectados por el desvío de 55 millones de dólares del fideicomiso minero.
Azcón explicó que el juzgador consideró que existen elementos que acreditan la presunta participación de Gómez Urrutia en el desvío de los 55 millones de dólares del Fideicomiso Minero, en perjuicio de los trabajadores mineros.
También señaló que la orden judicial de captura significa que el dirigente sindical seguirá prófugo de la justicia mexicana, ya que en caso de pretender ingresar a territorio nacional, las autoridades policiales procederían a su detención.
De manera repetida, el gobierno de México ha solicitado la extradición del secretario general del sindicato minero, quien ha hecho públicos los apoyos políticos de los que goza en diversos sectores obreros y partidistas de aquel país.