BOGOTA (Reuters/EP) - Activistas de derechos humanos en Colombia son perseguidos y sometidos a detención arbitraria por agentes de seguridad del Estado, denunció el viernes la relatora especial de las Naciones Unidas, Margaret Sekaggya.
La guerrilla izquierdista y otros grupos armados ilegales también son acusados de abusos por las víctimas, dijo Sekaggya, relatora especial de los defensores de los derechos humanos al término de una visita a Colombia.
El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, enfrenta críticas por los malos resultados del país en derechos humanos.
"Un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno", dijo Sekaggya en rueda de prensa.
"Los defensores de derechos humanos en repetidas ocasiones han sido acusados por altos funcionarios del Gobierno de ser terroristas o guerrilleros", agregó la funcionaria de la ONU, quien denunció que la persecución ha llevado a procesos penales sin fundamento.
Colombia afronta un conflicto interno de 45 años en el que intervienen guerrilleros izquierdistas y grupos armados ilegales conformados por antiguos paramilitares de ultraderecha que enfrentan a las Fuerzas Armadas del Estado.
Los grupos armados ilegales obtienen millonarios recursos del narcotráfico.
El Congreso de Estados Unidos no ha ratificado aún un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con el argumento de que en el país sudamericano persisten las amenazas y la violencia contra dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos.
Sekaggya denunció seguimientos e interceptaciones a defensores de derechos humanos por parte de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la central de inteligencia que depende del presidente Uribe y que enfrenta un escándalo.
"Sigo preocupada por la posible continuación de los seguimientos. En caso de que persistan estos seguimientos ilegales, insto al DAS a ponerles fin inmediatamente", aseguró.
Al menos 40 funcionarios de la central de inteligencia, incluyendo cuatro ex directores, son investigados por la Fiscalía General por su posible responsabilidad en los seguimientos e interceptaciones ilegales de comunicaciones a magistrados, periodistas y políticos de la oposición.