Por Marco Aquino
BASE MILITAR INCAHUASI, Perú, 22 mayo, 22 May. (Reuters/EP) -
- Perú adquirirá hasta seis radares para localizar avionetas que ingresan al país principalmente desde Bolivia para cargar cocaína o pasta base de coca, una actividad que se ha incrementado fuertemente en el último año, dijo el ministro de Defensa, Pedro Cateriano.
Las avionetas aterrizan en la zona de mayor producción de cultivo de hoja de coca, en la selva de la región sudeste de Perú, donde los narcotraficantes actúan en alianza con los remanentes del grupo guerrillero Sendero Luminoso.
"Las fuerzas armadas a través de la Fuerza Aérea van a adquirir radares que en este momento el país no cuenta y que precisamente permitirán enfrentar a estas narcoavionetas con éxito", dijo Cateriano durante una visita a la base militar Incahuasi, ubicada a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar.
El ministro dijo que las avionetas provienen principalmente de Bolivia y que por ello planea reunirse con las autoridades de ese país. "A través de la cancillería peruana he solicitado una reunión con las autoridades bolivianas para que juntos tratemos este delicado tema de las avionetas", dijo.
El funcionario se excusó de revelar "por temas de seguridad" dónde estarán ubicados los radares, pero dijo que esta compra es parte del esfuerzo de incrementar la capacidad para luchar contra los "narcoterroristas" que operan en la zona.
"Al final del año vendrán ocho nuevos helicópteros de Rusia (...) esta zona geográfica es muy agreste, toda la labor se desarrolla a través de helicópteros", afirmó.
Cateriano realizó el miércoles la inspección de la base militar Incahuasi, una de las 10 nuevas instalaciones para las fuerzas de seguridad que el Gobierno que preside Ollanta Humala ha construido en el último año.
"Para este año se tiene prevista la construcción de cuatro bases más", dijo el ministro. "El propósito es tener el control territorial de la zona", agregó el funcionario, rodeado de la plana mayor del Ejército en la nueva base militar.
Incahuasi está ubicada en la zona denominada Valle del Río Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde se cultiva más del 50 por ciento de la hoja de coca en Perú, que desplazó en el 2012 a Colombia como mayor productor mundial de este insumo base para elaborar cocaína, según un reporte de Naciones Unidas del año pasado.
La base tiene una capacidad para 170 efectivos y esta situado en el pico de una montaña tapizada de árboles en la que también se asienta un caserío pequeño y pobre con escasa infraestructura.
OFENSIVA
El ministro de Defensa afirmó que en la lucha contra las drogas ilegales las fuerzas de seguridad, con el apoyo de la policía nacional, se han concentrado en este momento en la destrucción de las pistas clandestinas de aterrizaje que han construido los narcotraficantes en la zona del VRAEM.
Los narcotraficantes "lamentablemente reciben la cooperación de cierto sector de la población, porque nosotros destruimos las pistas y en poco tiempo son reconstruidas por gente que apoya el narcotráfico" en la zona, dijo Cateriano.
En algunas zonas del VRAEM, una región pobre y de escasa infraestructura, los campesinos tienen como único sustento de vida el cultivo de hoja de coca, que tiene un mejor precio frente a otros productos alternativos como el café o el cacao.
El Gobierno ha anunciado que ingresará por primera vez este año al VRAEM para erradicar cultivos de hoja de coca, como parte de su meta anual de destruir la mitad de las 60.400 hectáreas de plantíos de hoja de coca en todo el país.
Cateriano dijo que para esta tarea y la lucha contra el "terrorismo" de Sendero Luminoso el Gobierno usará también el anunciado satélite que comprará a Francia.
"El satélite de observación terrestre nos va ayudar para ver todas esta rutas que está construyendo el narcotráfico, para ver el movimiento de los campamentos narcoterroristas, todas esas cosas se van a poder chequear", dijo Cateriano.
Si bien Sendero Luminoso no representa un riesgo para la estabilidad del Estado peruano, sus ataques han dejado al menos 65 policías y militares muertos en los últimos cuatro años.
En el 2012, los rebeldes secuestraron por algunos días a 36 trabajadores de empresas contratistas que operan el sistema de transporte de gas desde el yacimiento de Camisea, ubicado en el VRAEM.