LIMA, 19 Jul. (Reuters/EP) -
El Gobierno del presidente peruano, Ollanta Humala, evalúa vías legales para encarar la decisión del Tribunal Constitucional que ordenó al Estado pagar con intereses una multimillonaria deuda por bonos emitidos hace cuatro décadas, dijo el jueves una fuente del Ejecutivo.
Uno de los caminos sería pedir a la corte una "aclaración" a la resolución sobre los llamados bonos agrarios que, según el fallo, tendrán que ser cancelados en el plazo de ocho años, una vez que el Gobierno defina el mecanismo de pago y el valor de los títulos, agregó.
"El Gobierno no da esto como terminado. Estamos cuantificando la deuda y viendo las vías legales posibles frente al fallo" de la corte, dijo a Reuters la fuente vinculada al equipo que evalúa la resolución del Tribunal Constitucional.
Según expertos consultados por Reuters, la decisión de la máxima corte es inapelable, pero el Estado podría pedir una interpretación del fallo para conseguir un menor impacto fiscal.
El monto de la deuda no se conoce con exactitud, pero estimaciones ligadas a los bonistas antes del fallo apuntaron a entre 1.000 millones y 4.000 millones de dólares; algo que podría dañar las finanzas publicas, según el Gobierno.
La corte ordenó el martes al Gobierno fijar en seis meses un proceso para pagar los bonos emitidos en la década de 1970 como compensación por una redistribución de tierras iniciado por el gobernante izquierdista Juan Velasco, quien tomó las haciendas de los ricos y las entregó a los campesinos.
Tras la caída del Gobierno militar en 1980, ningún presidente quiso asumir la deuda de los bonos, preocupados por la carencia de dinero suficiente para cancelarlos.
Perú, un gran productor de metales, vive un auge económico con tasas de expansión promedio anual de 6 por ciento desde hace una década, aunque se ha desacelerado en los últimos meses por una menor demanda mundial de materias primas.
El presidente Humala dijo el jueves a periodistas que su Gobierno ha dispuesto estudiar todo el proceso en el caso de los bonos agrarios antes de sentar una posición sobre el tema.
"Lo que cabe ahora es analizar todo lo actuado, no sólo lo último, sino todo lo actuado sobre el tema del pago de los bonos de la reforma agraria porque es un tema muy sensible", afirmó.
Por su parte el ministro de Economía, Luis Castilla, dijo sobre las implicancias del fallo del tribunal que "lo importante es mantener la solidez fiscal que ha caracterizado a la gestión de este Gobierno y a los gobiernos previos".
ESPERAN A NUEVO TRIBUNAL
Algunos representantes de bonistas dijeron en la víspera que no estaban contentos con el fondo de la resolución, porque una probable revisión de los bonos podría reducir la deuda.
El fallo de la corte se concretó pese a que Humala había invocado al tribunal en días previos evitar decisiones "sensibles" como los bonos agrarios, pues la mayoría de sus miembros iban a ser cambiados para un nuevo periodo.
Justamente el miércoles, una día después del fallo, el Congreso eligió -tras un polémico acuerdo entre las distintas bancadas políticas- a la mayoría de los jueces del tribunal que tomarán posesión de sus cargos en las próximas semanas.
"Cualquier pedido de aclaración del fallo es probable que recaiga en el nuevo Tribunal Constitucional", afirmó la fuente del Gobierno. "Se está viendo qué paso seguir", agregó.
La designación de 6 de los 7 nuevos integrantes del Tribunal Constitucional fue rechazado por varios grupos políticos y civiles del país, debido a que tres de los futuros miembros pertenecen o están ligados al partido de Gobierno que podrían en sus puestos favorecer iniciativas del Ejecutivo.
Sólo el actual presidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola, conservará su cargo. Los demás de su panel que fallaron sobre los bonos dejarán sus puestos a inicios de agosto.
Cientos de personas se enfrentaron la noche del miércoles con la policía en centro de Lima durante una protesta por la designación de los nuevos magistrados. La policía tuvo que arrojar bombas lacrimógenas para dispersar la manifestación.
Varios diarios locales coincidieron el jueves en sus portadas que en el Congreso se consumó una "repartija" de poder entre los partidos políticos al elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y la cabeza de la Defensoría del Pueblo.
El presidente Humala, interpretando el enojo en el país, pidió a dos de las personas designadas por el Congreso -una para integrar la máxima corte y la otra para presidencia de la Defensoría del Pueblo- que "den un paso al costado".
"Me siento decepcionado en la medida de que hay dos funcionarios electos que no cumplen con las expectativas de la población y tienen profundos y serios cuestionamientos", dijo.