LIMA, 15 Mar. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Ollanta Humala ha anunciado este jueves que facilitará los trámites de legalización de los mineros que trabajan en situación irregular en un intento por apaciguar las violentas protestas que tienen lugar en el sureste de Perú, que han dejado hasta el momento tres muertos y más de 30 heridos.
Los mineros de la región de Madre de Dios (sur), fronteriza con Bolivia y Brasil, demandan al Gobierno desde hace varios días anular varios decretos que prohíben la actividad informal en el sector, que según expertos está contaminando una zona amazónica de grandes recursos forestales.
El presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, ha informado de que el Gobierno publicará en las próximas horas un decreto supremo que flexibilizará la formalización de los mineros ilegales o artesanales en todo el país.
"Con estos decretos legislativos y un decreto supremo que va a salir (aprobar) el día de hoy, la formalización la vamos a aligerar un poco para que sea más factible y más fácil que (los mineros informales) se incorporen", ha comentado Valdés a la emisora local RPP.
La extracción informal e ilegal concentra a más de 300.000 mineros en todo el país y genera ingresos por hasta unos 2.000 millones de dólares anuales (1.526 millones de euros), según datos oficiales.
El sector minero es el principal motor de la economía peruana, ya que representa el 60 por ciento de las exportaciones totales del país andino a Estados Unidos, China, y la Unión Europea, entre otros.
Valdés aseguró que la minería ilegal es un problema que el presidente Ollanta Humala ha decidido erradicar, debido a que destruye el medio ambiente, genera explotación infantil y evade millones de dólares en impuestos.
"Los mineros ilegales no pagan impuestos, no dan trabajo de calidad y el oro se va de contrabando a otros países (...) Esto configura una situación que ya no se puede postergar", ha agregado el presidente del Consejo de Ministros.
Humala debe hacer frente a más de 200 conflictos sociales latentes, mayormente vinculados a proyectos mineros y energéticos, que dejaron unos 100 muertos durante la gestión del anterior mandatario Alan García.