Actualizado 17/09/2009 23:32

Presidente de Colombia descarta retiro grupo sudamericano Unasur

BOGOTA (Reuters/EP) - El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, descartó el jueves el retiro de su país de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), pese a que dos de sus funcionarios admitieron esa posibilidad en medio de las críticas a un acuerdo militar de Bogotá con Washington.

El mandatario colombiano, blanco de recientes cuestionamientos por algunos de sus colegas de Sudamérica por la decisión de firmar un acuerdo militar con Estados Unidos, dijo que su país es respetuoso de las instituciones internacionales.

"Colombia es un país de instituciones en lo interno, en lo internacional, y, por supuesto, el hecho de que se discuta en estas instituciones, de que un país como Colombia presente sus puntos de vista, a mí finalmente me parece bien para lo que es la razón de ser de estas instituciones, que tienen que ser foros de mucha sinceridad", dijo Uribe a periodistas.

El ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, y el canciller Jaime Bermúdez admitieron por separado el miércoles que el Gobierno podría evaluar su continuidad en la Unasur ante la falta de sensibilidad de los estados miembros frente a problemas de inseguridad que la golpean como el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de armas.

Los cancilleres y ministros de defensa de Unasur concluyeron el martes una reunión en Ecuador sin un acuerdo definitivo para hacer transparentes sus políticas de seguridad, en medio de la negativa de Colombia para revelar los detalles del acuerdo militar con Estados Unidos.

El tratado autoriza a militares estadounidenses a utilizar siete bases en Colombia para operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo, lo que despertó fuertes críticas de países como Venezuela y Bolivia.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, el más fuerte crítico de Washington en la región, considera que el acuerdo es una amenaza para su revolución bolivariana y un paso más en la intensión de Estados Unidos de invadir su territorio.

Uribe sostiene que el convenio no autoriza a Estados Unidos para lanzar operaciones ofensivas contra terceros países, sin lograr tranquilizar a los gobiernos vecinos.