BUENOS AIRES (Reuters/EP) - Un proyecto impositivo que golpearía a los productores rurales de la rica provincia de Buenos Aires puso en estado de alerta al sector, que sumaría otro frente de conflicto a su disputa con el Gobierno nacional por la intervención oficial en los mercados.
Los productores de Argentina -uno de los principales proveedores mundiales de alimentos- se vieron muy perjudicados por una extensa sequía en la campaña 2008/09, lo que llevó al sector a reclamar bajas en los impuestos a la presidenta Cristina Fernández, con la que mantienen una larga disputa.
Pero los chacareros obtuvieron muy pocos de los beneficios que reclaman, por lo que una eventual alza de la presión impositiva en la provincia de Buenos Aires sería un nuevo golpe para el sector.
"La provincia busca extraer fondos de cualquier lado. Dada la situación de sequía generalizada, promover un aumento es al menos apresurado", dijo a Reuters Alfredo Rodes, director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
El proyecto para subir los impuestos a la tierra y a la exportación e importación de bienes de Buenos Aires será tratado en los próximos días en la Legislatura local, pero los dirigentes agrarios dijeron que concurrirán al Parlamento para detener su aprobación.
La provincia se encuentra necesitada de fondos frescos ante la desaceleración de la recaudación -debido a la caída de la actividad económica-, por lo que pretende que la reforma impositiva, que abarca a diversos sectores además del rural, sea aprobada rápidamente por los legisladores.
Daniel Scioli, el gobernador de Buenos Aires -el distrito más poblado y el mayor productor agrario del país-, defendió la iniciativa señalando que busca "corregir algunas distorsiones e iniquidades (impositivas) que hay".
Pero los críticos de la medida señalan que al subir los impuestos a las importaciones y exportaciones en los puertos, las terminales de la provincia perderán competitividad frente a sus rivales de otras regiones como la ciudad de Rosario, donde operan las mayores comercializadoras de granos del país.
"De aprobarse la ley se destruiría la actividad en la provincia, ya que los puertos bonaerenses (de Buenos Aires) dejarían de ser competitivos", dijo en un comunicado el sindicado Urgara, que agrupa a trabajadores de la cadena agrícola.
Una fuente oficial dijo que la reforma impositiva posibilitaría a la provincia recaudar unos 1.800 millones de pesos (468 millones de dólares) adicionales.
Los chacareros concluyeron hace días una huelga comercial contra las políticas de la presidenta Fernández, pero hasta ahora sólo obtuvieron una rebaja para los pequeños productores en el impuesto a las exportaciones de trigo y maíz, sin lograr un recorte en la tasa a la soja, el principal cultivo del país.
Scioli es un aliado de la presidenta peronista Fernández, quien el año pasado tuvo que enfrentar meses de paros y bloqueos de rutas de los productores por su intento para subir el impuesto a las exportaciones de soja, que finalmente debió descartar.