Foto: GOBIERNO DE ECUADOR
QUITO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los demandantes en el caso Chevron no esperan obtener el dinero de la sentencia de una manera amistosa y están convencidos de que el único camino visible es el embargo de los bienes, según ha informado el diario ecuatoriano 'Expreso'.
El procurador de los afectados, Pablo Fajardo, ha explicado que "está listo un análisis de los bienes de la empresa en los 62 países donde tiene presencia". Aunque no dio detalles, uno de los abogados del grupo dijo que en treinta lugares ya se estudió la posibilidad de embargo.
"Una vez que se fijen las locaciones donde se harán los cobros forzosos, es necesario seguir un trámite legal. Cada país tiene reglas específicas y no es posible hablar de fechas límites para obtener la sentencia de 9.600 millones que, el pasado martes, ratificó la Corte Nacional", ha precisado Fajardo.
El pasado 13 de noviembre, los habitantes de la Amazonía ecuatoriana afectados por la contaminación provocada por la petrolera estadounidense Chevron señalaban que el fallo dictado por la Corta Nacional de Justicia (CNJ) era "una victoria incompleta" porque reducía casi a la mitad la indemnización.
Si bien la Justicia ecuatoriana reconoció la culpabilidad de la petrolera, la multa económica ha sido rebajada de 19.000 millones de dólares a unos 9.500 millones, por lo que, según han afirmado los perjudicados, mantiene "impune la arrogancia, el racismo, la mala fe y la irresponsabilidad" de la petrolera".
Por otra parte, el procurador ha recordado que hay pendientes una serie de recursos presentados por la petrolera. Chevron dijo el pasado miércoles que la empresa está revisando la decisión de la Corte para "determinar las opciones jurídicas".
Asimismo, afirmó, mediante un comunicado, que existe un arbitraje internacional pendiente contra Ecuador en La Haya y un juicio civil en los Estados Unidos en contra de los abogados y consultores de los demandantes. Las acusaciones son de fraude, extorsión y otras conductas indebidas durante el juicio de Lago Agrio que tuvo sentencia en febrero de 2011.