QUITO, 9 Jul. (Reuters/EP) -
Ecuador confiscó ayer dos canales de televisión dentro de una operación contra un grupo empresarial por la quiebra de un banco, una medida que provocó la renuncia del ministro de Finanzas, Fausto Ortíz, aunque este movimiento podría beneficiar al Gobierno de cara a una consulta.
La intervención, que afectaba a los canales Gamavisión y TC Televisión, ambas de señal abierta a nivel nacional, la llevó a cabo la estatal Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para comprobar si son propiedad del grupo Isaías, que quebró hace una década.
La medida, que según los canales de televisión supone un ataque a la libertad de prensa, provocó la peor caída en los bonos ecuatorianos, con los inversores atemorizados a una radicalización en los planes del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de encaminar su país hacia el socialismo.
El mandatario, que desde que asumió la presidencia en enero del año pasado, prometió renegociar la deuda externa del país y dar al Estado mayor poder sobre la economía.
Asimismo, nombró a una ex gerente de la AGD, Wilma Salgado, para reemplazar en el Ministerio de Finanzas al saliente Fausto Ortíz, quien se negó a avalar la incautación dictada por el organismo.
La AGD también confiscó las instalaciones de otras 193 empresas, incluidas un canal de cable, firmas agrícolas y petroleras, para comprobar si aún son propiedad del grupo Isaías, que llegó a ser uno de los más importantes del país hasta que la crisis bancaria de 1998 llevó a la bancarrota a su unidad Filanbanco.
"Cuanto más rápido podamos subastar esos bienes y resarcir a los depositantes, mejor" dijo Correa, dando por descontado que los bienes aún formarían parte del grupo económico.
Las empresas expropiadas, que pasarán a dependencia estatal para garantizar los depósitos de los clientes del banco, tienen derecho a iniciar un proceso de impugnación para aclarar su vinculación con el grupo económico, según Salgado, quien dijo que la medida afectará también a las empresas que han pasado a manos de terceros.
NUEVA JUGADA
Decenas de policías permanecían durante varias horas en el interior de los canales, que retomaron su programación habitual con informativos nocturnos en vivo, en medio de protestas de los empleados y esporádicos apoyos de la población a la medida del líder nacionalista.
Según analistas, la incautación podría fortalecer la popularidad de Correa de cara a una consulta popular que planea realizar en septiembre sobre una nueva Constitución.
"Es una motivación para tratar de captar el descontento de la población con los bancos y propiciar la votación del 'Sí' en el referendo ante la caída del respaldo en las encuestas", dijo el analista político Vladimiro Alvarez. Correa no ha querido asociar la medida con el referéndum, señalando que puso fin "a la pesadilla del atraco bancario".
La crisis bancaria, que llevó al país a enfocar su economía al mercado estadounidense en el año 2000, supuso un duro golpe a la confianza de la población en el sistema financiero y desprestigió a los grupos empresariales propietarios de las entidades fallidas.
"CALLAR A LOS MEDIOS"
El presidente de Gamavisión, Álvaro Dassum, dijo a periodistas que su estación no es propiedad del grupo Isaías. "El Gobierno quiere callar a medios de comunicación que se han dedicado a decir la verdad", afirmó Dassum en referencia a críticas lanzadas por Correa contra medios que cuestionaron su estilo duro para implementar su plan socialista.
Los dos canales intervenidos no tenían una fuerte oposición, aunque solían lanzar críticas al Gobierno. Además, gremios periodísticos del país argumentaron que la medida de Correa no atentaba a la libertad de expresión, ya que busca un cobro de deudas dilatado por años.