WASHINGTON, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha instado al Gobierno de Ecuador a revocar el decreto ejecutivo que le permite disolver cualquier organización que se oponga a sus políticas y, en concreto, a dar marcha atrás en su decisión de cerrar la ONG Pachamama, dedicada a la defensa del medio ambiente.
HRW ha denunciado que este decreto ejecutivo "otorga al Gobierno de Rafael Correa amplias facultades para supervisar y disolver organizaciones independientes y así cercenar las libertades de asociación y de expresión".
La ONG estadounidense ha recordado que, "conforme al Derecho Internacional, los gobiernos deben asegurar que se permita a los defensores de Derechos Humanos realizar sus actividades sin que medien represalias, amenazas, intimidación, discriminación u obstáculos legales innecesarios".
A este respecto, ha recordado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) "determinó en 2003 que el respeto de los Derechos Humanos en un Estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas de las que gocen sus defensores para realizar libremente sus actividades".
"Si bien las libertades de asociación y expresión pueden estar sujetos a limitaciones, deben ajustarse a estándares estrictos, de modo tal que no obstaculicen indebidamente el ejercicio de tales derechos", ha considerado.
Así, "toda restricción deberá imponerse con arreglo a la ley, resultar necesaria en una sociedad democrática y ser proporcional al objetivo buscado, y no deberá afectar a los principios del pluralismo, la tolerancia y la amplitud de miras".
También ha recordado que en 2012 el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de asociación dijo "que la disolución involuntaria de una asociación deberá ser autorizada por un tribunal en caso de peligro claro e inminente de violación flagrante de las leyes nacionales, con arreglo a las normas internacionales".
CIERRE DE PACHAMAMA
En concreto, HRW se ha referido a la orden emitida el pasado miércoles por el Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador para disolver Pachamama "porque varios de sus miembros presuntamente habían participado en una manifestación violenta".
El pasado 28 de noviembre, miembros de Pachamama participaron, junto a otras personas, en una protesta por las explotaciones petroleras en la Amazonía ecuatoriana celebrada a las puertas de un hotel de Quito, donde diversos funcionarios estaban evaluando las solicitudes de empresas extranjeras.
Cinco días después, Correa acusó a los manifestantes de agredir físicamente al embajador chileno en Ecuador, a un empresario bielorruso y a varios policías a su salida de dicha reunión y emitió un vídeo como prueba.
"El vídeo muestra a un manifestante que intenta golpear al empresario y a un policía con un palo en forma de lanza. No se observa fehacientemente la identidad de este manifestante", ha subrayado la organizaciones humanitaria.
El Ministerio de Interior, en base a estas "pruebas" acusó a Pachamama de "iniciar una "violenta protesta, atentando contra el orden público y la integridad física de los asistentes a dicha reunión".
Ayer, el abogado de Pachamama anunció que la ONG "está preparando una serie de recursos legales (contra la orden de disolución) que interpondría en Ecuador", aunque también están considerando llevar el caso ante "instancias internacionales".
"Todo acto de violencia perpetrado por manifestantes debería ser objeto de investigaciones imparciales, pero no corresponde que sea utilizado como pretexto para impedir que una ONG participe en el debate público y en la promoción de los Derechos Humanos", ha sostenido HRW.