WASHINGTON, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades estadounidenses han ejecutado en Misuri al segundo preso del día, en las primeras ejecuciones que se han producido desde el fallo del pasado mes de abril en la aplicación de la pena de muerte a Clayton Lockett en Oklahoma.
Se trata de John Winfield, al que se le ha puesto una inyección letal a las 00.01 del miércoles (hora local). Nueve minutos después se ha certificado su muerte, de acuerdo con el comunicado difundido por el Departamento de Seguridad Pública de Misuri y recogido por CNN.
Winfield fue condenado por matar a dos mujeres y dejar ciega a una tercera en un tiroteo en 1996. Los abogados del reo fracasaron en su intento de paralizar la ejecución con un recurso ante el Tribunal Supremo.
Horas antes, Marcus Wellons, de 59 años de edad, ha sido ejecutado con una dosis mortal de pentoarbital en la prisión de Jackson, en Georgia. Wellons fue condenado a muerte en 1993 por violar y asesinar a una niña de 15 años de edad.
Está previsto que a las 18.00 (hora local) se produzca la tercera ejecución del día. El reo es John Henry, encarcelado por asesinato en Florida, cuyos abogados también han intentado frenar la aplicación de la inyección letal.
Estas ejecuciones han acabado con siete semanas sin pena de muerte en Estados Unidos, debido a la polémica generada por la angustiosa muerte de Lockett, a causa de una mala combinación de las drogas que componen la inyección letal.
Lockett, condenado a la pena capital por violación, murió de un infarto tras 43 minutos agónicos debido, tal y como ha confirmado un informe preliminar difundido la semana pasada, a una mala aplicación de la inyección letal.
Los estados que mantienen la pena de muerte en Estados Unidos han empleado tres inyecciones letales diferentes durante las últimas décadas, pero las empresas farmacéuticas han dejado de vender esas drogas en los últimos años.
Algunos estados han recurrido a las farmacias de compuestos, que producen pequeñas cantidades de medicamentos con receta médica, lo que ha llevado a los abogados a cuestionar la calidad de los medicamentos y si éstos pueden causar un dolor indebido durante la ejecución.