"Las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado", reclama la ONG, que confirma abusos a manos de las autoridades
MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha hecho público un informe en el que alerta de un repunte del número de quejas por torturas y malos tratos en México, de en torno a un 600 por ciento entre 2003 y 2013, y en el que lamenta que las investigaciones oficiales sobre estos abusos siguen siendo escasas y deficientes.
El documento, titulado 'Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México', dibuja un escenario sin garantías para las víctimas, a pesar de que los casos no han hecho más que crecer en la última década y de que las autoridades se han comprometido a mejorar los actuales protocolos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México recibió 1.505 denuncias en 2013 sobre posibles casos de malos tratos y torturas, un 600 por ciento más que un decenio antes. Entre 2010 y 2013, este órgano oficial recibió más de 7.000 quejas y las cifras reales "podrían ser más elevadas", según Amnistía.
Las investigaciones realizadas durante los últimos años han permitido constatar un imparable aumento de la violencia a partir de 2006, cuando el Gobierno lanzó su 'guerra' contra los grupos del narcotráfico. La ONG ha denunciado casos de asfixia simulada, palizas, simulacros de ejecución, violencia sexual, amenazas de muerte y descargas eléctricas, entre otros abusos.
Durante este periodo, ha cundido entre la población un clima de miedo, no sólo ante los abusos de las organizaciones delictivas, sino también ante las autoridades. El 64 por ciento de los mexicanos ha admitido que tiene miedo de sufrir torturas bajo custodia de las fuerzas de seguridad.
La directora de Amnistía Internacional para América, Erika Guevara Rosas, ha asegurado que "el alarmante aumento del uso de la tortura significa que existe una amenaza real de malos tratos para cualquier persona en México".
Entre 2008 y 2013, más de 8.500 personas permanecieron bajo arraigo --detención preventiva sin cargos-- durante más de 80 días, según el informe, que ha constatado también que entre 2005 y 2013 se presentaron más de 3.700 peticiones de amparo en las que personas bajo arresto solicitaban protección por presuntos abusos.
Amnistía Internacional cita como ejemplo el caso de Ángel Amílcar Colón Quevedo, afrodescendiente de Honduras y víctima de torturas y abusos a manos de la Policía y miembros de las Fuerzas Armadas. La ONG asegura que fue golpeado, asfixiado con una bolsa, desnudado y sometido a tratos humillantes e insultos racistas.
Ángel Colón permanece en prisión a la espera de juicio, en el que podría ser acusado sobre la base de una declaración presuntamente obtenida bajo tortura. Para Amnistía Internacional, se trata de un preso de conciencia.
Guevara ha subrayado que "las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado", toda vez que los procesos suelen "minimizar la gravedad de los abusos" y parecen "predispuestos contra la persona denunciante". Estos hechos, ha añadido, "son una clara indicación de que el Gobierno no protege los Derechos Humanos".
IMPUNIDAD
Los responsables de torturas y malos tratos gozan, según Amnistía, de una "impunidad casi total". Según el Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales federales sólo tramitaron 23 procesos entre 2005 y 2013 y, de ellos, únicamente siete derivaron en condenas --un 0,006 por ciento del total--. En el caso de las cortes estatales el nivel es incluso inferior.
Las críticas de Amnistía llegan a la Procuraduría General de la República, que desde 2006 a 2013 sólo presentó cargos en 12 casos tras iniciar 1.219 investigaciones sobre denuncias de torturas.
Además, a pesar de que el año pasado el procurador general adoptó un procedimiento especial para la realización de exámenes médicos a posibles víctimas y de las "miles de denuncias recibidas", únicamente se han llevado a cabo 472 chequeos.
Sólo una de cada 20 presuntas víctimas que denuncian ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son sometidas a estudios forenses y sólo uno de cada ocho de estos exámenes permiten confirmar la existencia de torturas.
"La ausencia de investigaciones creíbles y exhaustivas sobre las denuncias de tortura supone un abuso por partida doble. Si las autoridades no recaban pruebas de malos tratos, las víctimas carecen de la posibilidad de resarcimiento y no pueden demostrar que sus 'confesiones' han sido obtenidas bajo coacción", ha denunciado Guevara, que ha exigido la admisión como pruebas las investigaciones independientes.
México tiene también el desafío de esclarecer el paradero de miles de personas desaparecidas. A finales de agosto de este año, las autoridades reconocieron que hay más de 22.000 personas cuyo paradero se desconoce, lo que incluiría numerosos casos de desaparición forzosa. Amnistía ha advertido de que las "pocas víctimas" localizadas mostraban señales de torturas y malos tratos.
Amnistía Internacional España recuerda al Gobierno de Mariano Rajoy que el Tratado General de Cooperación y Amistad bilateral incluye consultas periódicas de Derechos Humanos en las que tendrían que estar incluidos temas como la tortura, la violencia de género, la falta de protección de los activistas y los abusos que sufre la población migrante.