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MEXICO DF, 6 Dic. (Reuters/EP) -
El Partido Acción Nacional (PAN), de la oposición mexicana, está considerando la posibilidad de moderar exigencias --respecto a su idea de lucrativas concesiones petroleras para atraer a inversores privados--, con el objetivo de lograr un acuerdo con el Gobierno que impulse una crucial reforma energética.
Los senadores del conservador Partido Acción Nacional (PAN) y del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) están trabajando para definir el lenguaje de la propuesta energética, que el presidente Enrique Peña Nieto espera pueda acelerar el crecimiento de la economía.
Peña Nieto ha propuesto contratos de utilidad compartida, pero el PAN ha venido presionando por el esquema más lucrativo de las concesiones. Sin embargo, el senador panista José Rosas Aispuro, vicepresidente del Senado, ha reconocido que la palabra concesión podría desatar temores de una privatización del sector.
"Nosotros no estamos casados con la palabra (concesión)", dijo Rosas en una entrevista telefónica con Reuters. "Nosotros hablamos en su momento de la posibilidad de concesiones, pero pueden ser contratos de asociación, de licencias, esa parte es lo que se está negociando".
"Sentimos que la palabra concesión es un término más agresivo (...) una cuestión más cercana a lo que podría ser la privatización, y no es ese el objetivo de ninguna manera", ha detallado Rosas, que explica que "la licencia es una especie de permiso que te otorga el Estado, y en todo momento el Estado sigue conservando el poder de cancelar algún contrato de esa naturaleza si no se cumplen los compromisos".
El sector energético mexicano es dominado por el monopolio estatal Pemex y requiere desesperadamente de la inversión privada para ayudar a explotar las reservas del país. La producción petrolera ha caído casi en una cuarta parte desde que alcanzó un pico de 3.4 millones de barriles por día en el 2004.
La apertura del sector energético es un componente clave de la agenda de reformas económicas de Peña Nieto, que abarca desde las telecomunicaciones y la banca, hasta la educación y el sistema tributario.