CIUDAD DE MÉXICO, 14 May. (EUROPA PRESS) -
La organización internacional defensora de los derechos de las mujeres Women's Link Worldwide, reclamó hoy al Gobierno mexicano que responda a la petición del juez español Fernando Grande-Marlaska, de que las autoridades del país informen sobre el proceso judicial abierto en relación a la querella por el delito de tortura que sufrió la española Cristina Valls, en México.
Esta petición ante el Gobierno mexicano es la primera acción judicial surgida de la querella que Women's Link presentó el pasado 25 de enero ante la Audiencia Nacional de España en la que denunciaba el delito de "tortura", "abusos sexuales" y "violación" que presuntamente sufrió la española tras su detención en Atenco, el 4 de mayo de 2006, en la revuelta que tuvo lugar en las localidades mexicanas de Texcoco y Atenco.
El magistrado Grande-Marlaska dictó un auto el pasado 3 de marzo en el que solicitaba que las autoridades mexicanas le informasen sobre los procesos judiciales abiertos por estos hechos y sobre la situación procesal y migratoria de Cristina Valls, quien tras su detención hace dos meses fue expulsada del país, con prohibición de regresar a territorio mexicano en el plazo de 5 años.
La querella fue presentada al amparo del principio de Justicia Univresal, que es el que ya ha servido para que la Audiencia Nacional de España instruya varios procedimientos judiciales por violaciones de Derechos Humanos cometidas, según la organización, en diferentes países como Chile, Argentina, Guatemala y Sáhara Occidental entre otros.
Valls denuncia concretamente a 140 miembros de la Policía Federal Preventiva, la Policía del Estado de México y las policías municipales de Texcoco, aunque asegura que el número de responsables de los abusos "es más alto", en relación a los hechos que tuvieron lugar entre el 3 y el 5 de mayo de 2006 por el "operativo brutal" que desplegaron 3.000 policías durante las protestas protagonizadas por campesinos contra el proyecto para la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México que pretendía confiscarles sus tierras.
La directora ejecutiva de la organización, Viviana Waisman, explicó, a finales de marzo, que la Policía detuvo a 200 personas de las cuales 47 eran mujeres. Aclaró "que todas han alegado que fueron víctimas de abusos sexuales y violación" durante su traslado en camiones al Centro de Prevención y Readaptación Santiaguito.
Valls explicó que el trayecto, que "en condiciones normales se puede hacer en dos horas", duró seis y que iban "apiladas en el suelo del camión". La demandante aseguró que "todos los momentos fueron duros", aunque destacó la impotencia que sintió al ver cómo los medios mexicanos "tergiversaron y criminalizaron" el caso dejando ver que "eran los campesinos los que golpeaban a los policías", cuando en realidad "había una proporción de diez a uno" favorable a los agentes.
Women's Worldwide aseveró durante la rueda de prensa celebrada en Ciudad de México que valora "muy positivamente" las numerosas adhesiones recibidas tras la presentación de la querella, "tanto en México como en España" por parte de personalidades y de organizaciones civiles.
COLABORACIÓN DE MÉXICO
Aunque la abogada de Valls, Paloma Soria, lamentó que no hubiera "ningún mando encarcelado", se mostró optimista en que la Audiencia Nacional recibiera de buen grado la demanda y tomase las acciones oportunas porque "tiene la posibilidad de que este delito de tortura no quede en la impunidad". También se mostró convencida de la colaboración de México "para esclarecer los hechos".
Women's Link Worldwide entiende que la legislación vigente otorga competencia a los tribunales españoles para investigar y juzgar los delitos recogidos en los tratados y convenios internacionales ratificados por España. Precisamente, el delito de tortura está contemplado en la Convención contra la Tortura de 1984, de la que España es signataria y que ratificó en 1987.
En cuanto al apoyo de las autoridades españolas, Valls aseguró que "no ha habido ningún pronunciamiento del Gobierno" y que su único contacto con las autoridades fue el que tuvo con el cónsul en México, al que trató de explicar los hechos antes de ser deportada pero que, según la voluntaria, no le hizo "ningún caso".