Actualizado 03/04/2014 16:04

Sindicatos dan por hecho que no les descontarán el salario por la huelga

El vicepresidente de Paraguay, Juan Afara, y el portavoz de CUT, Bernardo Rojas.
Foto: REUTERS

ASUNCIÓN, 3 Abr. (Notimérica/EP) -

   El portavoz de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Paraguay, Bernardo Rojas, ha explicado este jueves que las primeras reuniones que están manteniendo con el Gobierno, después de la huelga general del pasado 26 de marzo, van por buen camino, como refleja que hayan aceptado no rebajar a los funcionarios la parte de su salario que corresponda a la jornada de movilizaciones.

   Rojas, quien había puesto esta condición como prioritaria para iniciar las conversaciones con el Gobierno, también ha comunicado que otra de las peticiones del sindicato, la de no iniciar ningún proceso para declarar la huelga ilegal, también cuenta con el visto bueno de las autoridades.

   Por su parte, el Gobierno, representado por el vicepresidente Juan Afara, entre otros, señaló que aún no se ha tomado una decisión con respecto a estas solicitudes. Sin embargo, fuentes cercanas a las negociaciones apuntaron que si bien existe la intención de atender dichas demandas, también se están estudiando posibles repercusiones legales.

   Las reuniones de trabajo en la sede de la Vicepresidencia del Gobierno se retomaron este miércoles con la participación la Federación Nacional del Transporte (FNT), cuyo portavoz, Bernabé Penayo, solicitó a los representantes del Gobierno que cesaran las persecuciones contra los trabajadores del gremio del taxi de Ciudad del Este que decidieron secundar la huelga.

   Además, Penayo también pidió al Ejecutivo que derogue la ley de inspección técnica de los vehículos (ITV), así como otra serie de medidas, de las cuales tendrán una respuesta en no menos de 45 días, tal y como señaló, según ha informado el periódico paraguayo 'Última Hora'.

PRIMERAS NEGOCIACIONES

   Las primeras conversaciones estuvieron encaminadas a la creación de cuatro bloques temáticos, considerados los ejes fundamentales de las protestas del pasado mes de marzo: la política salarial, las condiciones laborales, las mejoras en el sistema de transporte público y la controvertida APP.

   Rojas destacó en su momento que tras la primera jornada de negociación, el Gobierno pretende implantar nuevas metodologías para estudiar las variaciones del precio de los productos básicos con la ayuda de la creación del Instituto de Estudio Permanente del Salario y Costo de Vida, como parte de los trabajos sobre política salarial.

   A este respecto, los trabajadores siempre han defendido que los precios de los productos de primera necesidad estén regulados por ley, ante las continuas subidas de los mismos, pese a que el salario mínimo sigue estancado desde hace varios años en 360 dólares. Una política salarial, han denunciado, de la que además no se beneficia casi una cuarta parte de la población al no estar considerados como asalariados regulados.

   En cuanto a la APP, la cuestión que más revuelo ha ocasionado y el motivo de la gran unión entre todos los trabajadores para acudir a las movilizaciones, los sindicatos aseguraron que tratarán la posibilidad de su derogación, pese a que esta legislación ya fue aprobada por el Congreso hace un par de meses.

   La ausencia de los sindicatos campesinos en las negociaciones responde, precisamente, a esta reticencia del Gobierno a eliminar la APP, condición que los labriegos habían impuesto para iniciar cualquier tipo de diálogo, pues como han denunciado en numerosas ocasiones, se trata de una legislación que pone en manos de las empresas privadas los recursos humanos y naturales paraguayos.

   La periodicidad de la celebración de estas conversaciones todavía está en el aire, pues los sindicatos defendieron la necesidad de que se produzcan cada semana, mientras que el Gobierno abogó por una regularidad quincenal.