Actualizado 28/03/2014 23:53

Piden no castigar a los funcionarios por ir a la huelga

El vicepresidente de Paraguay, Juan Afara, y el portavoz de CUT, Bernardo Rojas.
Foto: REUTERS

ASUNCIÓN, 28 Mar. (Notimérica/EP) -

   La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Paraguay presentó este jueves durante la primera mesa de diálogo con el Gobierno sus dos primeras peticiones, a saber: que la huelga de este miércoles no sea declarada ilegal y que los funcionarios que la secundaron no vean mermado su salario con recortes por este motivo.

   El portavoz de la CUT, Bernardo Rojas, señaló que el cumplimiento de estas dos demandas será interpretado como una señal de buena predisposición para continuar con las negociaciones, advirtiendo al mismo tiempo que en caso de que sean desoídas sus peticiones "los trabajos conjuntos con el Gobierno se dificultarían mucho" y no se podrían volver a sentar en la mesa de diálogo.

   Sin embargo el líder de la CUT, Aldo Snead, salió posteriormente a aclarar que dichas demandas no son condicionantes para no seguir con el debate social entre trabajadores y Gobierno, pero que su cumplimiento sería una "demostración de buena voluntad"

   "La lectura que hacemos es que el presidente quiere que se busque una solución, por eso ha pedido a los ministros que conformen estas mesas", señaló Snead, según ha informado el rotativo paraguayo 'Última Hora'.

   Las primeras reuniones han ido enfocadas a la creación de varias mesas temáticas en las que se analicen las diferentes problemáticas que obligaron a los trabajadores, campesinos, estudiantes, y al resto de sectores sociales paraguayos, a acudir a la huelga general, cuya participación fue estimada por los sindicatos en más de un 80 por ciento.

   Los primeros acercamientos en la sede la Vicepresidencia han contado con la participación de los principales sindicatos. Además de la CUT, se han presentado los representantes de la Central Sindical de Trabajadores del Estado (CESITEP), la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES), la Central Nacional de Trabajadores (CNT) y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay (COCIP).

   Por su parte, el Gobierno estuvo representado por el ministro del Interior, Francisco De Vargas; el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite; el recién investido ministro de Trabajo, Guillermo Sosa; el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación; José Molinas; y el gestor de las negociaciones, el vicepresidente del Ejecutivo, Juan Afara.

PRIMERAS NEGOCIACIONES

   Las primeras conversaciones estuvieron encaminadas a la creación de cuatro bloques temáticos, considerados los ejes fundamentales de las protestas de esta semana: la política salarial, las condiciones laborales, las mejoras en el sistema de transporte público y la controvertida Ley de Alianza Público-Privada (APP).

   Rojas destacó que tras la primera jornada de negociación, el Gobierno pretende implantar nuevas metodologías para estudiar las variaciones del precio de los productos básicos con la ayuda de la creación del Instituto de Estudio Permanente del Salario y Costo de Vida, como parte de los trabajos sobre política salarial.

   A este respecto, los trabajadores siempre han defendido que los precios de los productos de primera necesidad estén regulados por ley, ante las continuas subidas de los mismos, pese a que el salario mínimo sigue estancado desde hace varios años en 360 dólares. Una política salarial, han denunciado, de la que no se benefician casi una cuarta parte de la población al no estar regulados como asalariados regulados.

   En cuanto a ley de APP, la cuestión que más revuelo ha ocasionado y el motivo de la gran unión entre todos los trabajadores para acudir a las movilizaciones, los sindicatos aseguraron que tratará la posibilidad de su derogación, pese a que esta legislación ya fue aprobada por el Congreso hace un par de meses.

   La ausencia de los sindicatos campesinos en las negociaciones responde, precisamente, a esta reticencia del Gobierno a eliminar la APP, condición que los labriegos habían impuesto para iniciar cualquier tipo de diálogo, pues como han denunciado en numerosas ocasiones, se trata de una legislación que pone en manos de las empresas privadas los recursos humanos y naturales paraguayos.

   La periodicidad de la celebración de estas conversaciones todavía está en el aire, pues los sindicatos defendieron la necesidad de que se produzcan cada semana, mientras que el Gobierno abogó por una regularidad quincenal.