Publicado 29/04/2014 16:13

Las explicaciones de Mayorga no convencen a la oposición

Eleodoro Mayorga.
REUTERS

LIMA, 29 Abr. (Notimérica/EP) -

Las respuestas son insuficientes. Esa fue la principal conclusión a la que llegó la Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú tras la intervención del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, al respecto del posible delito de tráfico de influencias en el que habría incurrido al gestionar la ampliación del contrato que el Estado mantenía con la petrolera noruega Interoil.

Es más, la intervención de Mayorga lejos de aclarar la situación parece haberla hecho más confusa, a tenor de las palabras del diputado del Partido Popular Cristiano (PPC), Javier Bedoya, quien, por ejemplo, subrayó como el ministro dejó sin respuesta las preguntas sobre la coincidencia en la fecha, el 4 de abril, de la concesión contractual y la notificación judicial que dejaba sin validez esa cláusula de ampliación.

Las dudas de Bedoya responden a las informaciones que desveló la cadena peruana América Televisión en las que señalaba el supuesto papel determinante que Mayorga habría desempeñado durante la disputa internacional que el Estado habría dirimido con la petrolera noruega.

Según este medio de comunicación, el actual ministro de Energía era socio de la gestoría Laub y Quijandría que defendió los derechos de la compañía contra el Estado, el cual se negó a reconocer una cláusula de ampliación del contrato por doce meses más de dos lotes petrolíferos de los yacimientos de Talara, alegando que los daños causados en 2013 por el fenómeno climatológico de 'El Niño' lo imposibilitaba.

Pese a que la resolución internacional dio la razón al Estado este primero de abril de 2014, la empresa siguió operando gracias a una cautelar emitida por una instancia judicial de la provincia de Talara. Tres días después del fallo de la Cámara Internacional de Comercio, el 4 de abril, un decreto firmado por Mayorga, quien ocupaba la cartera de Energía desde el 24 de febrero; así como por el presidente de Perú, Ollanta Humala; y el ministro de Economía, Luis Castilla; ampliaba el acuerdo un año más.

Mayorga siempre ha negado su participación en dicho litigio, asegurando que la firma de la que era socio solo se encargó de "la recuperación de las operaciones" de explotación. "No asesoramos en esa controversia (con el Estado). Había otro grupo de abogados que trabajaba con Interoil", explicó el ministro, quien durante su comparecencia en el Congreso arremetió contra la empresa, a la que señaló como responsables de una supuesta campaña mediática contra él.

Las explicaciones de Mayorga continuaron por la línea que el Gobierno trazó desde que se destapara el supuesto caso de corrupción, afirmando que la decisión de ratificar la ampliación del acuerdo respondía a la necesidad de asegurar y mantener a salvo la producción petrolífera peruana.

En ese sentido, Mayorga volvió a recalcar que todo se hizo conforme a la ley, que su participación se redujo a firmar los decretos que daban el visto bueno a la ampliación, no sin antes haber vendido sus acciones en Laub & Quijandría el mismo día que juró su cargo como nuevo responsable del Ministerio de Energía.

Sin embargo, las supuestas irregularidades no terminan ahí. Según ha publicado el diario 'Perú 21', desde la oposición han asegurado que existen pruebas de la conmutación de una pena de 18 millones y medio de dólares que el tribunal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso a la petrolera noruega por haber perforado en zonas ajenas a las pactadas con Petroperú.

ACUERDOS DE EXPLOTACIÓN

El contrato entre el Estado peruano e Interoil expiró en marzo de 2013 y consistía en el aprovechamiento de los lotes número tres y cuatro, con una producción diaria de 2.000 barriles, de los yacimientos ubicados en la ciudad de Talara, en el noroeste del país, uno de los centros de explotación industrial petrolífera más prolíficos de Perú.

El acuerdo data de 1993, año en el que el precio del barril de petróleo era de 20 de dólares. A día de hoy, el valor ha aumentado hasta llegar a los 105 dólares. A pesar de ello, según informó esta cadena de televisión peruana, el nuevo contrato fue redactado bajo las mismas condiciones que hace 20 años.