Foto: EUROPA PRESS/PERÚ POSIBLE
LIMA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Perú ha evidenciado cierta división durante la votación del informe final de la trama corrupta Ecoteva, en la que está implicado el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), aliado del partido gobernante Gana Perú, por supuestos delitos de blanqueo de capital y asociación ilícita.
"Tengo mis principios. No estoy en el Congreso para tapar actos de corrupción. Yo no recibo presiones, tampoco órdenes, que me digan qué debo hacer", ha explicado la parlamentaria oficialista Esther Saavedra para justificar su voto contra el líder de Perú Posible.
"Yo respeto la posición de mis colegas. No sé si ellos recibieron o no indicaciones para votar", ha matizado Saavedra en relación a sus compañeros de partido, algunos de los cuales, como Rogelio Canches, Julia Teves o Luis Llatas, se ausentaron de la votación, tal y como ha informado el periódico 'Perú 21'.
Finalmente, nueve legisladores han votado a favor de que Toledo sea investigado por su implicación en la trama corrupta, mientras que otros tres han optado por lo contrario, los mismos que se han abstenido. En cuanto al delito de asociación ilícita del que se le acusa, ocho han sido partidarios de que sea investigado, mientras que seis han votado a favor y uno se ha abstenido.
La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú ha aprobado un informe que acusa de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos a Toledo, que ayer anunció que volverá al país andino, cuando concluya sus labores académicas, para ejercer su defensa.
"Hoy ha triunfado la revancha de mis enemigos políticos", dijo. "La Comisión de Fiscalización del Congreso es un ente político que ha hecho uso de su fuerza y no de la razón o la verdad. Sin respetar el debido proceso, me acusa sin pruebas, sin sustento y sin haber analizado con criterio jurídico las pruebas de la defensa", apostilló.
CASO ECOTEVA
La Fiscalía investiga las operaciones inmobiliarias que se habrían hecho con el dinero que el empresario Josef Maiman, amigo de Toledo, habría transferido desde Costa Rica y Panamá a su suegra Eva Fernenbug y que ésta habría utilizado para comprar inmuebles en Perú sin declarar a Hacienda.
En concreto, las pesquisas de la justicia peruana se centran en la compra de una mansión valorada en más de tres millones de dólares y de una oficina valorada en más de 800.000 dólares, así como en la creación de una empresa en Costa Rica.
La Fiscalía de Costa Rica, por su parte, ha ordenado bloquear una cuenta bancaria con 6,5 millones de dólares de la sociedad anónima Ecoteva Consulting Group, ligada al ex presidente, y que no ha registrado actividad alguna.