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LIMA, 23 Abr. (Notimérica/EP) -
El presidente de Perú, Ollanta Humala, ha rechazado este miércoles que el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, esté implicado en un supuesto delito de tráfico de influencias, después de que en los últimos días se destapara que podría haber participado en la renovación del contrato de explotación de la petrolera noruega Interoil a través de una consultoría de la que formaba parte.
"Yo no he visto conflicto de intereses", ha asegurado el jefe del Estado peruano. "El ministro Mayorga ha señalado y él mismo está solicitando ir a la Comisión del Congreso para explicar claramente que no hay un conflicto de intereses, como se ha venido señalando en estos últimos días", ha dicho.
Humala no solo ha dado la cara por Mayorga, sino también por el resto de los ministros de su equipo de trabajo, siendo algunos de ellos señalados en las últimas fechas por su implicación en supuestos delitos de corrupción.
Son los casos, por ejemplo, del primer ministro, René Cornejo, a quien se acusa de haber incurrido en un delito de tráfico de influencias al beneficiar a la compañía Helios, de la que es fundador, con una serie de contratos públicos; y de la ministra de Vivienda, Carmen Omonte, con acusaciones similares por haber beneficiado a la empresa de su exmarido.
"Los profesionales en el tema de energía, normalmente, son pocos e interactúan todos, así que me parece que lo mejor es darle espacio al ministro para que lo aclare. Cuando hay una duda, explicarla y que la gente escuche al ministro. Nos interesa la confianza de la gente", ha subrayado.
En relación al supuesto caso de corrupción, Humala ha seguido con la versión oficial declarando que la decisión de Perúpetro de hacer efectiva esa cláusula que albergaba la posibilidad de ampliar un año más el contrato de explotación con Interoil, pese a que un tribunal internacional le eximió de llevarla a cabo, se produjo para evitar que la producción petrolífera peruana se viera resentida.
El Estado peruano fue denunciado ante la Cámara Internacional de Comercio por la petrolera noruega por no querer reconocer la posibilidad de extender un año más el contrato de explotación de dos lotes petrolíferos de los yacimientos de Talara, en el noroeste del país, que ambos entes mantenía. Lima alegó que los daños causados en 2012 por el fenómeno climatológico de 'El Niño' imposibilitaba dar de alta dicha cláusula.
Pese a que la resolución internacional dio la razón al Estado el pasado 1 de abril, la empresa siguió operando gracias a una medida cautelar emitida por una instancia judicial de la provincia de Talara. Tres días después del fallo del tribunal internacional, un decreto firmado por Mayorga, Humala, y el ministro de Economía, Luis Castilla, ampliaba el acuerdo un año más.
"Acá no estamos ocultando nada, aquí se ha tomado una decisión que ha resguardado los intereses del Estado y el ministro lo va a explicar. El directorio de Perúpetro es autónomo y esa decisión la hemos respetado", ha aseverado Humala, según ha publicado la agencia estatal Andes.
POSIBLE DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Mayorga podría estar relacionado en un posible delito de tráfico de influencias pues hasta el 24 de febrero de 2014, el mismo día en el que juró el cargo, defendía los intereses de la petrolera noruega, con quien el Estado litigó un contrato de explotación ante un tribunal internacional.
La cadena peruana América Televisión reveló este pasado fin de semana que Mayorga era socio de la firma Laub y Quijandría, la misma que asesoró, representó y defendió los intereses de la petrolera noruega contra el Estado peruano.
El ministro de Energía se defendió de estas informaciones asegurando que su labor en dichas negociaciones no iban encaminadas hacia un litigio contra el Estado, sino a "la recuperación de las operaciones" en los yacimientos de Talara.
No asesoramos en esa controversia (con el Estado). Había otro grupo de abogados que trabajaba con Interoil", explicó Mayorga, al mismo tiempo que insistía en que no había incurrido en un conflicto de intereses pues la ampliación del contrato por un año más se produjo antes de que el asumiera la titularidad del Ministerio.
Unas afirmaciones que se han demostrado inciertas, pues el mismo día que Perúpetro recibió la notificación del arbitraje internacional, 4 de abril, el Gobierno ratificó los nuevos contratos de licencia temporal a través de dos decretos supremos del Ministerio de Energía y Minas.
ACUERDOS DE EXPLOTACIÓN
El contrato entre el Estado peruano e Interoil expiró en marzo de 2013 y consistía en el aprovechamiento de los lotes número tres y cuatro, con una producción diaria de 2.000 barriles, de los yacimientos ubicados en la ciudad de Talara, en el noroeste del país, uno de los centros de explotación industrial petrolífera más prolíficos de Perú.
El acuerdo data de 1993, año en el que el precio del barril de petróleo era de 20 de dólares. A día de hoy, el valor ha aumentado hasta llegar a los 105 dólares. A pesar de ello, según informó esta cadena de televisión peruana, el nuevo contrato fue redactado bajo las mismas condiciones que hace 20 años.