Actualizado 27/02/2015 11:50

En 13 años, México ha triplicado su presupuesto en seguridad sin resultados

Policía Federal de México.
Foto: JORGE LOPEZ / REUTERS

MÉXICO DF, 27 Feb. (Notimérica) -  

   A pesar de que el Gobierno mexicano ha invertido más de dos billones de pesos (133.400 millones de dólares) en seguridad desde 2001 a 2013, multiplicando por tres el presupuesto en esta partida, acabar con la impunidad sigue siendo uno de los principales desafíos del país, ya que solo uno de cada diez delitos que juzgan los estados y una cuarta parte de los federales acaban con castigo y sentencia.

   Según el estudio 'Gasto inteligente en seguridad, diagnóstico y propuestas', elaborado por el Laboratorio de Políticas Públicas Ethos, también los estados han aumentado notablemente su inversión en seguridad, llegando a duplicar la cifra durante estos trece años.

   Solo en 2013, la cantidad de dinero destinada a combatir la inseguridad supuso el 7,7 por ciento del gasto público total, siendo superior a la inversión que se realizó en sanidad, un 6,4 por ciento, o en ciencia y tecnología, un 1,3 por ciento.

   De los más de dos billones de pesos que el Gobierno mexicano ha invertido en seguridad, un 17,5 por ciento se ha destinado a operativos para perseguir y disuadir delitos, un 13,3 por ciento a la defensa nacional y un 11,2 por ciento a la administración de centros penitenciarios.

   Según este estudio, del que se hace eco el portal de noticias 'Animal Político', en la administración de la Justicia se produce "un efecto de cuello de botella", ya que a pesar de las numerosas detenciones, hay una notable escasez de funcionarios para investigar los delitos. De hecho, solo el 3,5 por ciento del personal de seguridad se dedica a esta tarea.

   El Laboratorio de Políticas Públicas Ethos subraya que, entre 2010 y 2013, los costes en las investigaciones han aumentado un 134 por ciento a nivel federal y un 55 por ciento en los estados, por lo que considera dudosa la eficacia del gasto en este área.

   También señala que, a pesar de que el 93 por ciento de los delitos son juzgados en los estados y solo en el siete por ciento de los casos interviene un tribunal federal, es el Gobierno nacional el que más recursos económicos emplea, un 77 por ciento del total.

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