CARACAS, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
El abogado del opositor venezolano Leopoldo López ha anunciado este lunes que pedirá formalmente la nulidad del juicio, asegurando que el tribunal "no tiene otra opción" que absolver a su defendido.
"Esta írrita sentencia está caracterizada como tal por ese recurso de apelación que hemos aplicado", ha indicado Juan Carlos Gutiérrez, asegurando que existió "sesgo en el manejo probatorio" y recalcando que "todo el material presentado en el juicio tuvo un desenlace vinculado a la verdad".
"Las pruebas de la Fiscalía demuestran que no hubo incendio, los testigos presentados demostraron que hubo presencia de colectivos el día 12 de febrero, además quedó demostrado que la causa de la violencia estuvo íntimamente vinculada con los asesinatos de Bassil Da Costa y de Juancho Montoya", ha dicho.
En este sentido, ha señalado que lo argumentado, unido a las "violaciones del debido proceso" deberían desembocar en la desestimación del caso por parte del tribunal de apelación, según ha informado el diario local 'El Nacional'.
"Nuestra exigencia para la corte de apelaciones de Caracas es que se absuelva de los cuatro cargos por los que se acusa a Leopoldo López para que quede en libertad, como siempre ha debido estar", ha puntualizado.
Así, Gutiérrez ha indicado que "lo que dice esta sentencia es lo que interpretó personalmente la jueza que le condenó", añadiendo que "para llegar a esta conclusión argumentó que los discursos de López fueron violentos".
"No hubo relación de causalidad entre los hechos acontecidos. Todas la pruebas que conducen a la falsedad de los cargos fiscales fueron omitidas y sesgadas, y es precisamente esa manipulación probatoria la que debe llevar a una sentencia de nulidad", ha explicado.
Por ello, el abogado ha sostenido que "López fue condenado por alzar su voz en contra el régimen con un discurso crítico y pacífico", resaltando que su defendido "fue condenado por ejercer el arte de la palabra".
López fue condenado a más de trece años de cárcel tras ser juzgado por liderar las manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro en febrero de 2014.
La Fiscalía General de la República de Venezuela lo acusó de "instigación pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir". El 10 de septiembre de 2015 la justicia venezolana lo declaró culpable de incitación pública a la violencia.