Actualizado 24/04/2012 07:31

Acusan a Videla de ser el responsable de decidir el destino de bebés nacidos en cautiverio

Ex dictador argentino Jorge Rafael Videla
Foto: Reuters

BUENOS AIRES, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía de Argentina ha acusado al ex dictador Jorge Rafael Videla (1976-1981) de ser el responsable de decidir el destino de los bebés nacidos en los centros de detención clandestinos, subrayando que todavía comete un delito al no revelar el paradero de los niños.

   En su alegato final ante el Tribunal Oral Federal Número Seis por el caso de los bebés robados durante la dictadura militar (1976-1983), el fiscal Martín Niklison ha analizado la culpabilidad de los imputados, entre ellos Videla y el también ex dictador Reynaldo Bignone (1982-1983).

   "Videla no era un muñeco. Todo lo que se hacía en el Ejército estaba ordenado por él en un plan sistemático. Decidía cuáles eran devueltos y cuáles apropiados", ha aseverado Niklison, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Télam.

   El fiscal ha advertido de que "el delito sigue hasta hoy porque (Videla) se niega a ponerle fin". "No dice dónde están (los bebés)", ha recordado, al tiempo que ha recriminado "el silencio o la burda mentira" del ex dictador ante las demandas de las víctimas.

   En concreto, se ha referido al caso de la nieta del poeta Juan Gelman, Macarena Gelman. "A María Claudia, la mamá, la llevaron a Uruguay con un embarazo avanzado. ¿Por qué? Lo ignoramos. Pero las autoridades argentinas tomaron la decisión de que Macarena naciera en otro país y fuera entregada a una familia ajena", ha relatado.

   Niklison ha indicado que en este caso "es inverosímil alegar ajenidad" porque, aunque los otros dos imputados --Otto Paladino y Aníbal Gordon-- llevaron a cabo el plan, "Videla dio el poder para instalarla en un centro de detención clandestino y dio el poder para entregar a Macarena".

   Está previsto que la Fiscalía formule esta semana la petición de pena para los imputados por el robo de 34 bebés nacidos en centros de detención clandestinos. La acusación particular ya ha solicitado hasta 50 años de prisión para cada uno de los acusados.