MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional decidirá el próximo miércoles si envía a prisión al represor argentino Ricardo Miguel Cavallo por los crímenes cometidos por la dictadura de este país entre 1976 y 1983 después de que el Tribunal Supremo revocara la cesión de jurisdicción a Argentina que dictó la propia Audiencia, informaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas.
El tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara acepta así la petición que formularon el pasado miércoles las acusaciones personadas en la causa y fija para dentro de cinco días una vistilla del 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se decidirá si se decreta la prisión provisional del procesado en la causa por la que será juzgado. En la actualidad Cavallo se encuentra en prisión por la petición de extradición solicitada por Argentina.
Todas las acusaciones particulares y populares, a excepción de las representadas por Izquierda Unida (IU) y la Asociación Argentina de Derechos Humanos, presentaron un escrito en el que pedían que se decretara la prisión provisional a Cavallo "dada la gravedad de los hechos, el horizonte penal, según el escrito de conclusiones provisionales de estas acusaciones, y su absoluta ausencia de arraigo en España". Asimismo, reclamaron que el juicio se iniciase "a la mayor brevedad".
FIN DEL PERIODO DE PRISIÓN PROVISIONAL
Según las acusaciones, en los próximos meses Cavallo "cumpliría el periodo máximo de prisión provisional" (dos años prorrogables por otros dos hasta un límite de cuatro) que le fue decretada en junio de 2003 por el Juzgado de Instrucción número 4 en relación con los crímenes cometidos durante la dictadura argentina, que se produjo tras ser extraditado por México.
Los plazos máximos de prisión provisional aún no se han cumplido porque durante unos meses Cavallo ha estado en la cárcel por la petición de extradición presentada por Argentina después de que la Audiencia Nacional renunciara a su competencia para juzgarle.
Cavallo será juzgado en España al anular el Tribunal Supremo la cesión de jurisdicción a favor de Argentina acordada por la Audiencia Nacional en diciembre de 2006. El alto tribunal considera que la Audiencia aplicó una vía "inadecuada", estimó una declinatoria de jurisdicción "planteada de forma incorrecta" y usurpó funciones del Ejecutivo en materia de extradiciones.