Actualizado 14/07/2007 14:37

Argentina.- La anulación de los indultos afectará a 30 ex militares condenados por la represión durante la dictadura


BUENOS AIRES, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La anulación de los indultos concecidos por el ex presidente de Argentina Carlos Saúl Menem a los represores de la última dictadura militar (1976-1983) afectará a unos 30 ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad.

La Corte Suprema declaró inconstitucional el indulto dictado por Menem en favor de Santiago Omar Riveros, ex titular de Institutos Militares. La decisión tiene un fuerte impacto simbólico y permitirá reanudar todas las investigaciones por delitos de lesa humanidad.

La esperada medida adoptada ayer por el Alto Tribunal argentino no invalida el perdón a los guerrilleros, ya que la Corte Suprema no considera imprescriptibles los crímenes que cometieron durante los años de la guerra sucia.

Entre los ex oficiales que se verán alcanzados por la invalidez del decreto 1002/89 que firmó Menem en 1989 figuran los ex represores Cristino Nicolaides, Albano Harguindeguy y Luciano Benjamín Menéndez, según informa la prensa local.

Los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, condenados y luego indultados en 1990, también se verán perjudicados por el fallo, porque la Corte invalidó los indultos sin distinguir entre quienes estaban procesados o condenados.

El fallo de ayer es un nuevo paso en el proceso que comenzó en el año 2003, cuando el presidente argentino, Néstor Kirchner, anunció su política de Derechos Humanos, y que continuó con varios fallos del tribunal.

La invalidez de los indultos decretada ayer también afectará a ex funcionarios de la dictadura como Alfredo Martínez de Hoz, que fue ministro de Economia y a quien la Justicia le imputa un delito de secuestro.

Sin embargo, no todos ellos irán a la cárcel, porque muchos superaron los 70 años y gozan del beneficio de arresto domiciliario. Pero la sentencia viene a convalidar los procesos en trámite y la reapertura de los expedientes paralizados.

Los tratados internacionales y el derecho de gentes establecen que la comunidad internacional está obligada a "perseguir, investigar y sancionar a los responsables" de graves violaciones a los Derechos Humanos.

De hecho, los tratados de Derechos Humanos como la Convención Americana o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, imponen el reconocimiento de los hombres a no ser objeto de persecuciones por el Estado.

Además, Los delitos de lesa humanidad deben ser castigados por un sistema represivo que no necesariamente se adecua a los principios tradicionales de los Estados, para evitar la reiteración de crímenes aberrantes.