Actualizado 29/03/2007 22:48

Argentina.- El Centro de Estudios Legales y Sociales argentino pide la renovación de la Cámara de Casación Penal


BUENOS AIRES, 29 Mar. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un prestigioso organismo de defensa de los derechos humanos, dijo hoy que debe abrirse un proceso de depuración de la Cámara de Casación Penal, el tribunal que se haya envuelto en una polémica con el Gobierno que lo ha responsabilizado de haber retrasado las causa contra ex represores acusados de violaciones a los derechos humanos.

"La Cámara de Casación Penal es un tribunal desprestigiado por sus orígenes, las posturas contrarias a la protección de derechos de la mayoría de sus integrantes y las reticencias para acompañar el avance de los juicios por los crímenes de la dictadura", sostuvo el CELS en una declaración.

"Por eso, es indispensable que se abra un proceso de renovación profundo que sea canalizado por los medios institucionales previstos, con seriedad y con el compromiso de todos los poderes de garantizar la legitimidad del cambio", agregó el organismo.

El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, acusó a algunos de los jueces que integran ese Tribunal de retrasar alrededor de cien procesos iniciados contra ex represores acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1983).

Después de que el máximo tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia, pidió al Gobierno "mesura", Kirchner continuó ayer con la embestida y durante un discurso dijo que hablaba como ciudadano y no es su condición de presidente y aseguró que las corporaciones no lo harían callar.

El director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, dijo que "esta es una oportunidad para que se abra un proceso de renovación del Tribunal de Casación similar al transitado por la Corte Suprema, que demostró la importancia de no agotar el impulso reformador en el recambio de jueces sino en la búsqueda de democratización y transparencia de la justicia. Más que poner énfasis sólo en la búsqueda de renuncias, el Consejo de la Magistratura debe dar una respuesta adecuada a las demandas sociales de rendición de cuentas de los jueces".