BUENOS AIRES, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El juicio contra los militares argentinos acusados del fusilamiento de 14 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que se habían entregado a los soldados en 1974, conocido como 'la masacre de Capilla del Rosario', comenzó ayer lunes en la provincia argentina de Catamarca (noroeste) con la presencia de dos de los tres imputados.
Según la agencia estatal de noticias Télam, Los imputados son los represores Eduardo Carrizo Salvadores, Mario Nagakama y Jorge Acosta. Este último no estuvo presente en la vista porque se encuentra en reclusión domiciliaria en la vecina provincia de Córdoba (centro) debido a problemas de salud.
La primera sesión del juicio se ha celebrado en una abarrotada sala del Tribunal Federal, con presencia de integrantes de organizaciones de Derechos Humanos y familiares de las víctimas, y se prevé que presenten declaración 56 testigos. Se trata del segundo proceso por crímenes contra la Humanidad en la provincia de Catamarca.
Carlos Carrizo Salvadores, Mario Nagakama y Jorge Acosta están acusados de la masacre e imputados del cargo de homicidio doblemente agravado por alevosía y por la participación premeditada de dos o más personas en calidad de autoras. El abogado defensor de los represores, Lucio Montero, se ha limitado a impugnar al fiscal federal, Santos Reynoso, "por usurpación de títulos", con el argumento de que "no es abogado", por lo que ha pedido la "nulidad del proceso".
El fusilamiento de los militantes del ERP se produjo el 12 de agosto de 1974, cuandos las fuerzas militares asesinaron a catorce integrantes de la Compañía de Monte 'Ramón Rosa Jiménez', que se habían entregado tras el frustrado intento de ocupación del antiguo Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada.
EL FUSILAMIENTO
Los hechos comenzaron después de que cinco guerrilleros que habían acudido al pueblo a conseguir alimentos fueran capturados y torturados para arrancarles información sobre sus compañeros. Las fuerzas militares consiguieron localizar el campamento en que se encontraban los militantes, donde se produjo un enfrentamiento en el que murió un policía de apellido Acevedo.
Ante la superioridad numérica y de poder de fuego de los militares, los milicianos depusieron las armas y se entregaron, pero fueron posteriormente fusilados. Los muertos fueron Mario Héctor Lescano, Juan de Olivera, Rogelio Gutiérrez, José María Molina, Luis Santiago Billinger, Carlos María Anabia, Raúl Eduardo Sainz, Juan Carlos Lescano, Luis Roque López, Silverio Pedro Orbano, Roberto Domingo Jerez, Rutilo Dardo Betancour Roth, Alberto Rosales y Hugo Caccivillani Caligari.
Cinco de ellos fueron enterrados como 'NN' ('No Name') en el cementerio y los cuerpos de los restantes entregados gradualmente a sus familiares.
La búsqueda de justicia se inició en 2004, a petición de organismos de Derechos Humanos de Catamarca y Córdoba, que reclamaron que se diera a conocer la identidad de los 'NN'.
El juez federal subrogante Pedro Navarro se declaró competente en el caso y el Equipo Argentino de Antropología Forense realizó las exhumaciones e identificó al santiagueño Rosales y a los uruguayos Betancour Roth y Cacciavillani Caligari.
Con la investigación a cargo del fiscal Santos Reynoso, comenzaron a declarar militares, policías y soldados y en mayo de 2009, tras lo cual el coronel retirado Mario Nakagama se convirtió en el primer detenido por la masacre. Entre los querellantes, además de la Fiscalía Federal y los abogados de los familiares, figuran la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Fiscalía de Estado de Catamarca.