Actualizado 30/07/2013 17:20

Una comisión evaluará la salud de represores detenidos

Exmilitares argentinos fugados de hospital
ARGENTINA.GOB.AR


BUENOS AIRES, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una Comisión de Asesoramiento Médico controlará la salud de los represores detenidos que se encuentren en tratamiento ambulatorio en dependencias hospitalarias de las Fuerzas Armadas.

Esta medida se adopta poco después de que dos exoficiales argentinos, Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, que se encontraban en prisión por crímenes durante la dictadura, se fugaran de un hospital en el que se encontraban, Y adonde habían sido trasladados por problemas de salud.

Los ministros de Defensa, Agustín Rossi; el de Justicia, Julio Alak; y de Salud, Juan Manzur, firmaron este lunes un convenio que establece la creación de una Comisión de Asesoramiento Médico que controlará la salud de represores detenidos.

Según se explicó, la Comisión se encargará de revisar los antecedentes médicos de imputados, procesados o condenados en causas de delitos de lesa humanidad, que se encuentren internados o bajo tratamiento ambulatorio en dependencias hospitalarias de las Fuerzas Armadas.

"Tenemos la directiva de la Presidenta de conformar una comisión médica asesora entre los tres Ministerios, para que evalúe el estado de salud de cada uno de los internos asistidos en centros de salud militares", destacó Rossi.

El titular de Defensa explicó que el informe de dicha evaluación "será elevado a la Justicia, para determinar si aquellos condenados por delitos de lesa humanidad deben permanecer en dichos centros asistenciales, si pueden ser trasladados al Hospital Penitenciario Central de Ezeiza o regresar a las unidades penales correspondientes".

Rossi especificó que en el marco de este convenio "Defensa tiene la tarea de recabar la historia clínica de cada uno de los prisioneros, determinar cuántos internados hay en los distintos hospitales de las FFAA y, a partir de allí, junto con los otros dos Ministerios, proceder a una evaluación y tomar las decisiones que correspondan".

Finalmente, el ministro informó de que el pasado viernes, se adoptó la resolución de no aceptar dentro de hospitales militares la atención de aquellos que estén condenados por delitos de lesa humanidad, ya sea en el caso de internación o tratamiento ambulatorio. Se busca así "evitar situaciones como la que se produjo la semana pasada", dijo en alusión a los dos exoficiales fugados.

Por su parte, Julio Alak subrayó que "esta medida se funda en la idea de que ningún privado de su libertad tenga algún tipo de privilegio. La Presidenta siempre reitera que el Servicio Penitenciario Federal debe garantizar todos los derechos humanos, pero que también no deben existir privilegios", resaltó.

"Este acuerdo interministerial apunta a verificar realmente si existen causales para estar en una atención médica determinada, y si esa prestación tranquilamente se puede brindar en el Hospital de Ezeiza que tiene los servicios médicos de mediana y alta complejidad suficientes como para poder albergar a civiles y militares que estén imputados por crímenes de lesa humanidad", agregó.

CRÍTICAS A LA JUSTICIA

El Ministerio de Justicia ha ofrecido una recompensa para quienes aporten datos que permitan capturar a los exoficiales argentinos Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, quienes se fugaron del hospital en el que se encontraban, y a donde habían sido trasladados por problemas de salud tras ingresar en prisión por crímenes durante la dictadura.

Los dos exmilitares se fugaron después de que personal de Seguridad y Traslados entregara a los fugados al personal del hospital en la sala de atención del tercer piso, destinada a detenidos por delitos de lesa humanidad. Luego de ser llevados a los consultorios correspondientes, se advirtió que los internos no se encontraban en el lugar indicado.

La cartera judicial ha solicitado que se investigue el hecho "en profundidad" y ha señalado que los represores presentaban una patología que, por sus características, podría haber sido asistida en el lugar de detención, ya que no existía riesgo para su vida.

No obstante, el organismo destacó que dio cumplimiento al mandato judicial del Juzgado Federal número 2 de San Juan, al que caracterizó como "injustificado, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad".