BUENOS AIRES, 2 Oct. (EP/AP) -
En vísperas de cumplirse dos semanas de la desaparición de Jorge Julio López, un testigo clave para condenar de forma perpetua a un ex jefe policial argentino que supuestamente violó de forma sistemática los Derechos Humanos durante el periodo de la dictadura de Jorge Videla, sigue sin aclararse el enigma sobre los motivos de su ausencia, lo que ha disparado las hipótesis.
La familia de López, albañil de 77 años, detenido y torturado bajo la dictadura militar instaurada hace 30 años, sigue aferrada al pensamiento de que su pariente se ha escondido por temor a represalias.
Sus declaraciones contribuyeron a la condena de Miguel Etchecolatz, antaño temido subjefe de la policía provincial de Buenos Aires, al que un tribunal penal halló responsable del delito de "genocidio".
Desde las altas instancias oficiales no descartan esa hipótesis, pero también ser cree posible que López podría haber sido secuestrado por grupos residuales del "terrorismo de Estado", que imperó durante la dictadura militar (1976-1983).
Los organismos defensores de Derechos Humanos y la opinión pública se inclinan por la hipótesis del secuestro, con el propósito de amedrentar a futuros testigos en los centenares de juicios que se deberán llevar a cabo próximamente, tras la anulación judicial de dos leyes que exculpaban a militares y policías culpables de delitos de lesa humanidad.
López desapareció de su casa, en la ciudad de La Plata, a 50 kilómetros al sur, el pasado 18 de septiembre. Había acordado con uno de sus hijos concurrir a la audiencia final del juicio contra Etchecolatz, cuya sentencia se conoció al día siguiente.
Además, el juez federal Carlos Rozanski, presidente del tribunal de La Plata que condenó a Etchecolatz, recibió la semana pasada amenazas de muerte. El domingo declaró al diario Página 12 que "el Estado argentino y la sociedad civil permitieron que se iniciaran los juicios. Y eso es irreversible. No se modifica con amenazas".
Casi de forma simultánea a las amenazas a Rozanski, se conocieron la semana pasada mensajes amedrentadores recibidos por cinco jueces federales y otros tantos fiscales en ciudades del interior del país, donde están por desarrollarse juicios contra ex represores.