BUENOS AIRES, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El exsecretario de Transporte de Argentina Ricardo Jaime se ha presentado en la mañana del lunes ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba, en Argentina, para cumplir con el trámite de fijar su domicilio, después de que se revocaran las dos órdenes de prisión que pesaban sobre él.
"Soy una persona que me ajusto a derecho", ha asegurado Jaime, y ha contestado, ante la pregunta de por qué no se había presentado hasta ahora ante la Justicia, que "esperaba que se resolviera la apelación" ante la Cámara Federal de Buenos Aires, según declaraciones al medio argentino Cadena 3.
El exsecretario añadió que no le gustaba "hacer comentarios sobre los trámites judiciales" y no quiso contestar cuál era su paradero los seis días que se mantuvo prófugo, aunque añadió que estuvo "por supuesto en Argentina" y que realizó algunos viajes con autorización a Brasil.
En relación a las 20 causas judiciales en las que está involucrado, Jaime señaló que su abogado defensor en Buenos Aires, Andrés Marutián, le explicó que "no existen" y que "son alrededor de siete las que están en trámite".
CASO RICARDO JAIME
El juez Claudio Bonadio dictó una orden de prisión a raíz de la aparición de una carta firmada por el ex secretario y dirigida al presidente de la empresa SOESA, que administraba el ferrocarril Belgrano Cargas.
En otra misiva, la Secretaría de Transporte indica que las obras que debían realizarse en el tendido de las vías entre Tucumán y Concepción debía de ser de 8 millones de pesos (1,1 millón de euros). Sin embargo, después de que Jaime enviara la carta a la empresa, al final la compañía acabó pagando un sobrecoste de 2 millones de pesos (280.000 euros).
El juez Bonadio consideró que existía riesgo de fuga y de obstrucción a la justicia por parte de Jaime, por lo que decidió firmar la orden de prisión, que más tarde la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal de Argentina decidió retirar por "un acto de mera autoridad".
Otra causa, cuyo juicio debía empezar en dos semanas, alude a un caso de ocultación de pruebas en la provincia de Córdoba en rlación a unos contratos públicos.