Actualizado 17/05/2007 18:38

Argentina.-El gobierno argentino respalda la decisión de cesar a dos funcionarios sospechosos en una causa de corrupción


BUENOS AIRES, 17 May. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -

El Gobierno defendió hoy la decisión del presidente Néstor Kirchner de separar de sus cargos a dos funcionarios que son sospechosos en una causa en la que se investiga el pago de sobornos y la evasión de impuestos en la adjudicación de obras públicas.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo esta mañana a Radio Continental que con ésta decisión "no se está juzgando a los funcionarios, pero si existe alguna duda, el Estado no puede ampararlos". El jefe de gabinete, Alberto Fernández, anunció anoche en una rueda de prensa que Kirchner había cesado al titular de Enargas, Fulvio Madaro, el organismo que regula todo el sistema gasífero argentino, y al administrador de Nación Fideicomiso, Néstor Ulloa, un ente que recauda fondos fiduciarios y que depende del oficial Banco Nación.

Los dos están siendo investigados en una causa en la que la empresa sueca Skanska admitió haber pagado sobornos para que le adjudicaran en 2005 la ampliación de un gasoducto en la provincia de Córdoba, administrada por la empresa TGN, que depende del grupo Techint.

El presidente Kirchner había dicho que la causa se refería a un conflicto "entre privados", pero cambió de parecer cuando el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, le dijo al ministro Fernández que había pruebas que implicaban a los dos funcionarios.

El ministro dijo que si finalmente "no tienen nada que ver, habrá alguien que los reivindique", pero aseguró que "mientras tanto, que no sea el Estado quien los ampare". "En una responsabilidad republicana le hice saber al jefe de Gabinete y al presidente de la nación lo que estaba sucediendo. El presidente dijo que si había un funcionario involucrado quería el nombre", dijo el ministro al explicar su procedimiento tras su charla con el fiscal de la causa.

Madaro y Ulloa habían sido imputados ayer por el fiscal Stornelli y el juez federal Guillermo Montenegro, a cargo de la causa en la que se investigan los sobornos los citó a una declaración indagatoria como sospechosos junto a siete ex directivos de Skanska y a otras dos personas.